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Los movimientos de recursos entre subpartidas del Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes requerirán un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa durante 2027, si se mantiene la norma 10 del proyecto de presupuesto ordinario.
La moción para eliminar esa disposición recibió cinco votos a favor de Liberación Nacional y del Frente Amplio. Sin embargo, fue rechazada por los seis diputados oficialistas.
La norma prohíbe trasladar recursos entre subpartidas de las partidas presupuestarias de ambas instituciones. Además, establece que cualquier movimiento entre subpartidas de los títulos deberá tramitarse mediante un presupuesto extraordinario aprobado por los diputados.
Ángela Aguilar, legisladora de Liberación Nacional (PLN), cuestionó que ajustes administrativos que actualmente permiten atender necesidades imprevistas deban pasar por un procedimiento legislativo. Entre los ejemplos mencionó reparaciones eléctricas y cambios en los recursos destinados a servicios públicos.
“En términos simples, lo que hoy se resuelve con una decisión administrativa interna, mañana exigirá una ley. Ningún presupuesto, por bien formulado que esté, anticipa cada necesidad del año. Por eso existe la flexibilidad de reasignar economías hacia donde surgen urgencias”, afirmó Aguilar.
La diputada también señaló que la norma se acumularía con el congelamiento de ¢29.843 millones establecido en la norma 9, que condiciona la disponibilidad de recursos judiciales al cumplimiento de varios requisitos. Según expuso, esa combinación limitaría la posibilidad de redistribuir internamente el dinero para responder a necesidades operativas.
Diana Murillo, también del PLN, advirtió que el trámite legislativo podría tardar meses y afectar la atención de necesidades cotidianas, como el pago de agua y electricidad. La diputada indicó que la aprobación de un presupuesto extraordinario puede tomar hasta 93 días naturales, sin contar el tiempo que requiere el Ministerio de Hacienda para preparar y presentar el proyecto.
“Reduce la flexibilidad para responder a variaciones reales durante el ejercicio presupuestario. La gestión salarial requiere modificaciones recurrentes. Restringe el mecanismo utilizado históricamente para reasignar excedentes contractuales no utilizados, incluida su aplicación al financiamiento del fideicomiso. Un ajuste que hoy puede resolverse administrativamente podría pasar a depender de un procedimiento legislativo que normalmente se utiliza de excepción”, manifestó Murillo.
Aguilar cuestionó que la disposición se aplique únicamente al Poder Judicial y a la Defensoría, mientras que, según explicó, las otras 24 instituciones incluidas en el presupuesto pueden realizar determinados traslados mediante decreto ejecutivo.
“¿Qué justificación objetiva, compañeros diputadas y diputados, hay para que el Ministerio de Educación, el de Seguridad o el de Obras Públicas puedan reasignar con un decreto, pero el órgano que garantiza el acceso a la justicia debe pedir una ley? Ninguna se ha dado”, señaló Aguilar.
Las diputadas también argumentaron que la norma podría trasladar a la Asamblea Legislativa decisiones propias de la administración de cada institución. Aguilar indicó que la Contraloría General de la República advirtió sobre ambigüedades en la redacción.