Poder Judicial: Recorte del 42% amenaza con paralizar la justicia

El Poder Judicial enfrenta una crisis institucional tras el anuncio del Ministerio de Hacienda de un recorte unilateral del 42% en su presupuesto operativo, lo que equivale a más de 3.000 millones de colones, de acuerdo con la entidad.

Según la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero, esta medida afecta directamente el flujo de caja necesario para servicios básicos como gasolina, viáticos, peritajes y mantenimiento de infraestructura, dejando a la institución en una situación de vulnerabilidad extrema para lo que resta del año.

Impacto directo en la seguridad y el combate al crimen

Desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), su director interino Michael Soto advirtió que el recorte pone en riesgo la operatividad contra delitos graves, señalando que para diciembre podrían enfrentar problemas críticos en la compra de combustible y el pago de movilizaciones de personal.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano calificó la acción como contradictoria, destacando que ocurre justo después de operativos históricos como el caso “Riverside”, y alertó que la falta de recursos impedirá incluso labores fundamentales como el levantamiento de cuerpos en carretera por parte de los agentes judiciales.

Víctimas en situación de vulnerabilidad

El Fiscal General, Carlo Díaz, denunció que el Ministerio Público no podrá contratar dictámenes periciales ni traducciones oficiales, lo que obligaría a las víctimas a pagar por estos servicios si desean que sus casos avancen.

Esta parálisis afectará investigaciones de narcotráfico, atención a poblaciones indígenas y la entrega de implementos médicos vitales para víctimas de violación, además de frenar remodelaciones necesarias para reducir el hacinamiento en las oficinas judiciales.

Defensa pública y acceso a la justicia en riesgo

Finalmente, la Defensa Pública advirtió sobre el posible cierre de cerca de 20 oficinas debido a la insuficiencia de recursos.

El director de esta entidad, Juan Carlos Pérez, señaló que esta situación desprotegerá a poblaciones vulnerables, como mujeres y niños que requieren trámites de pensiones alimentarias o trabajadores víctimas de acoso laboral, quienes ahora deberán enfrentar mayores costos y desplazamientos para acceder a la justicia.