Poder Judicial: “Recorte afectará combate a la criminalidad”

La mayoría de los magistrados de la Corte Plena aprobaron un recorte presupuestario de ¢13.242 al Poder Judicial para el año 2026, tras una solicitud realizada por el Ministerio de Hacienda. 

Tras una discusión que se extendió por varias horas, los magistrados coincidieron que se trata de un esfuerzo para contribuir a ala “sostenibilidad fiscal del país”.

Sin embargo, jerarcas judiciales advirtieron de una serie de consecuencias negativas vinculadas al combate de la criminalidad y al principio de “justicia pronta y cumplida”.

Así lo indicaron Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Karen Valverde, fiscal subrogante, y Juan Carlo Pérez, director de la Defensa Pública. 

Soto señaló que habrá tres comunidades específicas que deberán esperar más por sedes del OIJ y que son zonas turísticas afectadas por el avance del narcotráfico y la criminalidad. “Recuerden que anteriormente ya nos habían pedido que rebajáramos el presupuesto el año anterior, ahora otra vez bajar, yo si estaría preocupado y vamos a tener que priorizar los servicios en estas zonas”, afirmó Soto. 

Mientras que Valverde adelantó que las principales afectaciones en el Ministerio Público estarán vinculadas a poblaciones vulnerables. 

“Creo que aquí todos lo tenemos claro, lo que se afecta es la ciudadanía, no el fiscal general, no el Ministerio Público, es la función del Poder Judicial, que se trata de un servicio público”, dijo Valverde. 

Algunas magistraturas fueron más críticas con el manejo de los recursos que se hace desde el Ministerio de Hacienda y del Gobierno. 

“Que curioso, en febrero antes de las elecciones teníamos una economía jaguar, fuerte para Costa Rica, y resulta que dos meses después esta economía no llega a gatito, porque lo que nos dicen es que no hay dinero y que el FMI nos dice que debemos ajustar el presupuesto nacional porque no se cumplieron los requisitos señalados para Costa Rica”, dijo la magistrada Patricia Solano.

Tras la aprobación de este recorte para 2026, los magistrados rechazaron de manera inmediata cualquier tipo de reducción de recursos para el 2027.

Esto porque el rebajo en el anteproyecto de presupuesto judicial para ese año sería mayor a los ¢27 mil millones. 

“Para el 2027 ya se valoró no ceder recursos ante la situación que enfrentamos y ahora quedará esperar la decisión que tome el Ministerio de Hacienda y posteriormente, la Asamblea Legislativa”, explicó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.

Las autoridades judiciales señalaron que a pesar de los recortes presupuestarios continuarán buscando las opciones que les permitan hacer la lucha frontal contra las estructuras criminales a nivel nacional.