Poder Judicial recortará más de ¢13 mil millones y alerta impacto contra la criminalidad
En respuesta a una solicitud del Ministerio de Hacienda
La Corte Plena aprobó este lunes un recorte de más de ₡13.242 millones al presupuesto en ejecución para 2026, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
Sin embargo, los magistrados advirtieron que la reducción afectará proyectos dirigidos a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, agilizar procesos judiciales y mejorar la atención a la ciudadanía.
Del total del ajuste, ₡8.687 millones corresponden a recursos que habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas y la apertura de dos subdelegaciones del OIJ en La Cruz y Cabo Velas, además de una oficina policial en Puerto Jiménez.
Según explicó el Poder Judicial, aunque esos recursos fueron incorporados al presupuesto institucional, el Ministerio de Hacienda no autorizó su ejecución y posteriormente los excluyó del presupuesto correspondiente a 2027.
El monto restante del recorte proviene de remanentes generados por el tipo de cambio del dólar, contrataciones que no recibieron ofertas y la reprogramación de proyectos de infraestructura.
La institución señaló que los recursos destinados a la administración de justicia son fundamentales para mantener las investigaciones, llevar casos ante los tribunales, obtener condenas contra estructuras criminales y garantizar la protección de los derechos de la población.
Asimismo, indicó que este representa el mayor ajuste presupuestario que puede asumir sin comprometer directamente los servicios esenciales. Advirtió que una reducción adicional obligaría a adoptar medidas más drásticas, con impacto directo en la atención de las personas usuarias.
Durante la misma sesión, la Corte Plena también rechazó una solicitud para rebajar ₡26.549 millones del anteproyecto de presupuesto para 2027, al considerar que ese ajuste afectaría la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para reducir el rezago judicial y la atención a las víctimas.
El Poder Judicial destacó además que en los últimos tres años ha mantenido una alta ejecución presupuestaria, con un 97% en 2025, un 96% en 2024 y un 95% en 2023, resultados que, según la institución, reflejan una gestión eficiente de los recursos públicos.