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El Poder Judicial paga el 100% del salario a sus funcionarios durante los períodos de incapacidad, sin aplicar de inmediato el descuento correspondiente al subsidio que transfiere la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según destacó la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría titulado “Liquidación Presupuestaria 2024 Poder Judicial”.
El análisis de la CGR sobre este procedimiento genera distorsiones presupuestarias, contables y de seguridad social, ya que la institución paga montos adicionales que posteriormente deben ser ajustados con base en el subsidio reconocido por la Caja.
Asimismo, el ente contralor recordó que lo ideal es que funcione según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se indica que “cuando un servidor judicial sea incapacitado por enfermedad, el Poder Judicial debe tramitar una licencia con goce de sueldo y pagar al servidor lo necesario hasta completar su salario a partir del monto que reciba de la CCSS”.
Por su parte, el Poder Judicial respondió mediante un comunicado oficial en el que confirmó que trabaja en la reestructuración del modelo de gestión de incapacidades desde el segundo semestre de 2024.
Además, señaló que todos los movimientos de personal han sido reportados a la Contraloría, y que los pagos adicionales se vinculan con condiciones laborales específicas.
Hallazgos de la Contraloría
El informe detalla que entre enero y octubre de 2023.
• Se registraron diferencias por ¢7.055 millones entre lo pagado por el Poder Judicial y lo reportado a la CCSS.
• Se pagaron ¢7.468 millones de más a la CCSS por cargas sociales.
• ¢209 millones en subsidios no se recuperaron, lo que representa un aumento del 421% respecto a 2022.
Corrección en proceso
La Corte Plena acordó modificar esta práctica y migrar a un nuevo modelo de pago mediante el sistema informático SIGA-GH. Sin embargo, hasta marzo de 2025 el avance reportado en esta implementación es de apenas un 28%. La fecha estimada para la entrada es diciembre de 2026.
¿Y si no se corrige?
La CGR señala que la persistencia de la práctica de pago de incapacidades contraria al marco legal genera la pérdida directa de recursos públicos y compromete la eficiencia del gasto institucional en remuneraciones. Además, genera un recargo ocasionado por la recuperación de los montos.
Medidas solicitadas
La CGR instruyó al Poder Judicial.
• Presentar medidas correctivas antes del 31 de julio de 2025.
• Publicar una nueva escala salarial antes del 19 de diciembre de 2025.
• Certificar la implementación del nuevo esquema de pagos en enero de 2026