Poder Judicial llega a 200 años de historia

Hoy, 1.º de octubre de 2026, se cumplen 200 años de aquel acontecimiento que permitió la creación del tercer poder de la República: el Poder Judicial.

Antes de que Costa Rica tuviera jueces y magistrados, los conflictos eran atendidos por alcaldes, y una disputa podía llegar hasta Guatemala e incluso España para obtener una resolución definitiva.

Ese sistema de administración de justicia comenzó a cambiar con la independencia y la construcción de las primeras instituciones costarricenses, hasta desembocar en la instalación efectiva del Poder Judicial.

Sin embargo, la historia de la justicia costarricense comenzó mucho antes.

Tomás Federico Arias, historiador y catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que, antes de la separación de España en 1821, ya existía actividad judicial en el territorio costarricense, aunque sometida a la estructura jurídica de la Corona española.

“Las personas que acudían a otra para poder dirimir una diferencia o un conflicto no le llamaban juez; tenía el nombre de alcalde, que eran personas nombradas en varias de las ciudades principales del país”, explicó Arias.

Las decisiones de estas autoridades podían ser apeladas ante el gobernador de la provincia, quien recibía el título de “justicia mayor”.

Si alguna de las partes continuaba inconforme, existía la posibilidad de acudir a la Real Audiencia de Guatemala. El proceso podía llegar todavía más lejos.

Quienes contaran con los recursos económicos y las posibilidades necesarias podían llevar su caso hasta España, donde el Real y Supremo Consejo de Indias constituía la última instancia.

Nace la división de poderes

De acuerdo con Arias, mientras este sistema funcionaba en América, nuevas ideas políticas y jurídicas comenzaban a extenderse por Europa.

Los planteamientos de pensadores como John Locke y Montesquieu impulsaron la división del poder estatal como mecanismo para evitar que toda la autoridad estuviera concentrada en una sola persona.

La Constitución estadounidense de 1787, la Revolución Francesa y, posteriormente, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 contribuyeron a extender estas ideas.

Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, explicó que, durante la Colonia, la administración de justicia estaba vinculada directamente con la Corona española y, por tanto, cercana a lo que actualmente se entendería como Poder Ejecutivo.

“Se adopta la idea de que el poder dentro de un Estado tenía que estar separado en diferentes instituciones, cada una de estas instituciones con independencia. Es la llamada separación de poderes”, explicó.

Costa Rica crea su Poder Judicial

Tras la independencia de 1821, el país comenzó a construir sus propias instituciones. El punto de inflexión llegó el 7 de enero de 1825, cuando el Congreso emitió la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Según Arias, el artículo 24 incorporó por primera vez en la historia institucional costarricense el concepto de Poder Judicial, mientras que el artículo 87 estableció la creación de una Corte Superior de Justicia.

El nuevo poder existía jurídicamente. Ahora había que ponerlo a funcionar. Y surgió un problema: Costa Rica no contaba en ese momento con centros de educación superior donde se impartiera la carrera de Derecho.

Por ello, las autoridades tuvieron que buscar fuera de las fronteras a profesionales capaces de asumir como magistrados.

El primer presidente nunca asumió

La mirada se dirigió hacia Nicaragua. El licenciado Manuel Barberena Beteta fue seleccionado como el primer presidente del Poder Judicial; sin embargo, nunca llegó a ejercer el puesto.

“No acepta el cargo. Y, de hecho, los otros dos magistrados de la primera nómina de cinco que se habían escogido tampoco lo asumen”, relató Arias.

Entre las razones se encontraba que no querían trasladarse desde Nicaragua hasta Costa Rica.

El país tenía entonces un Poder Judicial establecido legalmente, pero todavía no lograba poner en funcionamiento su Corte.

El Congreso volvió a intentarlo. Esta vez seleccionó al abogado nicaragüense José Simeón de Guerrero Arcos y Cervantes, quien sí aceptó el nombramiento y se trasladó a territorio costarricense.

Sin embargo, nuevamente aparecieron dificultades para completar la integración del tribunal.

Pasaron los meses restantes de 1825 y llegó 1826 sin que el tercer poder pudiera instalarse efectivamente.

Un domingo comenzó todo

La necesidad de poner a funcionar la institución llevó finalmente a las autoridades a tomar una decisión. La fecha escogida fue particularmente llamativa: un domingo.

El 1.º de octubre de 1826 se juramentó al nicaragüense José Simeón de Guerrero Arcos y Cervantes como primer presidente efectivo del Poder Judicial.

“Véase si había una premura por ello que un domingo, primero de octubre de 1826, se juramenta don José Simeón de Guerrero Arcos y Cervantes como primer presidente efectivo del Poder Judicial”, destacó Arias.

Camilo Mora Alvarado era padre de Juan Rafael Mora Porras, quien entonces tenía aproximadamente 12 años y décadas después llegaría a convertirse en presidente de Costa Rica.

Con aquella juramentación comenzó formalmente el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

Han transcurrido 200 años desde aquel domingo en que tres magistrados pusieron en marcha la Corte costarricense.