Poder Judicial inicia su tercer siglo entre amenazas y nuevos desafíos

Tras cumplir 200 años de historia, el Poder Judicial inicia su tercer siglo enfrentando desafíos muy distintos a aquellos que marcaron su nacimiento en 1826.

La amenaza del crimen organizado, los atrasos en los procesos, la necesidad de mejorar la calidad del servicio, la disponibilidad de recursos y el sistema utilizado para elegir magistrados aparecen entre los principales retos señalados por especialistas.

A esto se suma un elemento que permanece desde el nacimiento de la institución: garantizar su independencia frente a los demás poderes e intereses externos.

Tomás Federico Arias, historiador y especialista en la materia, recordó que precisamente la división de poderes surgió como un mecanismo para evitar la concentración de autoridad en una persona o un pequeño grupo.

“Las democracias no solo se sostienen en las decisiones del Legislativo y del Ejecutivo, se sostienen en la respetabilidad y legalidad y legitimidad de las sentencias de los jueces”, explicó.

Para Arias, esta función coloca a los juzgadores como responsables de garantizar una aplicación igualitaria del ordenamiento jurídico.

“Son los garantes de que la Constitución Política y las leyes se apliquen a todos por igual, que no haya diferencias odiosas de ninguna manera y, sobre todo, que sean los vigilantes perpetuos de eso llamado Estado de derecho para todas las personas que habitan en el país”, manifestó.

Independencia no significa aislamiento

Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, coincide en que la independencia resulta esencial para el funcionamiento del sistema democrático.

Sin embargo, aclaró que esto no significa una separación absoluta entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los poderes necesitan relacionarse y colaborar en determinadas circunstancias, pero sin interferir en las competencias asignadas a cada uno.

“Tienen que convivir, tienen que interactuar, pero tienen que cada uno respetar absolutamente su margen de competencia y evitar a toda costa invadir la competencia del otro”, señaló.

Para Carvajal, uno de los grandes retos de los próximos años será precisamente garantizar que ningún factor externo interfiera en las decisiones judiciales.

Mejorar servicio y tiempos

El constitucionalista también pone sobre la mesa otro desafío: la calidad de la atención que recibe el ciudadano.

El Poder Judicial, recordó, no está compuesto únicamente por jueces y tribunales. Dentro de su estructura también se encuentran el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública y otras dependencias.

“El principal reto es mejorar la calidad de ese servicio, lo que significa no solamente tiempos adecuados, significa también procesos racionales, significa también evitar, digamos, a toda costa la intromisión de cualquier elemento externo a la decisión, al emitir una resolución, al dictar una sentencia”, explicó.

El desafío ocurre, además, en medio de un escenario en el cual las actuaciones judiciales están sometidas a un constante escrutinio.

Carvajal recordó que, por la propia naturaleza de los procesos, las resoluciones normalmente dejan a una de las partes satisfecha y a otra inconforme.

Crimen organizado amenaza estructuras

Entre los principales riesgos señalados para los próximos años aparece el crimen organizado.

Carvajal considera que las organizaciones criminales tienen entre sus objetivos penetrar las instituciones encargadas de investigarlas y juzgarlas.

“Debe dar una lucha frontal para evitar la invasión del crimen organizado en sus estructuras, que es, por supuesto, una pretensión primaria del crimen organizado en cualquier país”, advirtió.

El especialista destacó en este escenario el papel desempeñado por el OIJ y consideró que contar con una policía judicial técnica ha resultado fundamental para Costa Rica.

“Sin una policía técnica judicial como la que tenemos probablemente los problemas que estamos enfrentando ahora, que son muy graves en materia de seguridad, serían mucho peores”, sostuvo.

Uno de los puntos que Bolaños considera necesario fortalecer es el proceso mediante el cual se seleccionan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Costa Rica Íntegra participa junto con sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil en el Foro de Justicia, desde donde se da seguimiento a estos procedimientos.

“Monitoreamos los procesos de nombramiento de magistrados para que haya transparencia, para que haya idoneidad, para que haya mérito y para sacar la política de esos nombramientos”, explicó.

Para Bolaños, el país ha construido históricamente un sistema de pesos y contrapesos sólido, pero esto no elimina los riesgos.

Entre ellos menciona una eventual captura de los nombramientos por grupos políticos, recortes presupuestarios, cuestionamientos desmedidos contra decisiones judiciales y problemas de rendición de cuentas.

Dos siglos después de instalarse aquella primera Corte, el desafío será cambiar aquello que requiera reformas sin perder la independencia sobre la cual se construyó.