El Poder Judicial gastó ¢592 millones extras por un programa que desde el principio ha presentado inconsistencias y serias debilidades para su ejecución.
Se trata del Programa de Modernización de la Administración de Justicia para lo cual las autoridades del Poder Judicial y la empresa Indra Sistemas S.A. suscribieron un contrato, siendo el propósito el de mejorar la administración de justicia en Costa Rica, a fin de hacerla más accesible, equitativa, previsible y eficiente.
El contrato fue estudiado por la Contraloría General de la República, instancia que considera que el contrato firmado entre las partes desde sus inicios se ha caracterizado por una serie de inconvenientes que han provocado que su ejecución se haya extendido casi al doble del plazo inicialmente establecido, principalmente por diferendos importantes entre la empresa y el equipo contraparte del Poder Judicial, sobre la calidad de los productos entregados y la ausencia de equipo técnico en el país por parte de la empresa.
MÁS DE LO ESPERADO
Es que inicialmente el proyecto, que arrancó el 20 de octubre de 2008, debió finalizar el 20 de octubre del 2010, esto sin ampliaciones ni suspensiones, pero el mismo se prolongó. El costo total del proyecto es de $32 millones, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó $22,4 millones, mientras que el Poder Judicial debía poner $9,6 millones.
“No obstante, el proyecto se prolongó por más tiempo, del 20 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, significándole dicha ampliación un costo adicional al Poder Judicial, el cual (según la información suministrada) es de ¢591.613.276,77, suma que traducida en dólares corresponde a $1.184.743,02 , la cual representa un 66% de la suma total contratada con la empresa Indra Sistemas, S.A. ($1.800.000), siendo este como mínimo el impacto que ha tenido para las finanzas del Poder Judicial los atrasos en la contratación en estudio
Sobre el particular, este órgano Contralor no localizó evidencia de que el Poder Judicial haya realizado análisis cuantitativos sobre el costo que a la fecha tiene el proyecto, que le permita tener información de referencia para la toma de decisiones durante su ejecución”, detalla el ente contralor.
Además, a criterio de la entidad contralora, la funcionalidad y operatividad de las diversas unidades de control establecidas por el Poder Judicial pueden verse afectadas por las escasas acciones desarrolladas ante las debilidades presentadas por la empresa en el transcurso del proyecto, y por ende se haya debilitado más que reforzado el control sobre dicho proyecto.