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La pérdida de confianza de los ciudadanos en la administración de justicia es grave. Costa Rica enfrenta hoy este panorama según se desprende el Primer Informe Estado de la Justicia, y muestra escenarios poco favorables para el Poder Judicial.
La impunidad, la mora y el gasto desmedido están restando crédito al Tercer Poder de la República. No es para menos, quienes hacen uso del servicio judicial por razones varias, se muestran descontentos pues deben enfrentar un mar de tramitología, pero además un deficiente servicio al cliente.
Miles de ciudadanos acuden a diario a las diferentes dependencias judiciales a interponer denuncias o tramitar causas ante el Ministerio Público, Sala IV, así como los Juzgados de Familia o de Trabajo, entre otras instancias. La valoración general que hacen estas personas, poco favor le hace a la institucionalidad judicial de nuestro país.
Conforme transcurrieron los años, el aparato creció, la planilla pasó de 3.500 funcionarios en 1990 a 11.233 en el 2013, pero eso no implicó una mejora sustancial en los servicios.
Es decir, entre más plata y personal tienen en el Poder Judicial para trabajar, menos resuelven, según las valoraciones del Informe.
El aumento exorbitante de las plazas para funcionarios se da con el objeto de fortalecer el sistema a lo largo y ancho del país, sin embargo esta parece no haber sido la fórmula acertada para democratizar los servicios, pues aún existen lugares del país cuyo acceso es limitado, lejano e indiferente.
Si bien la Corte ha implementado proyectos como los facilitadores judiciales con miras a resolver conflictos de forma alterna y pronta, son pocos los casos que por este medio logran soluciones válidas, situación que no resta a las estadísticas de la mora, uno de los graves problemas del Poder Judicial.
El informe hace otras revelaciones al considerar que urgen respuestas por parte de los administradores máximos, de los jerarcas de la Corte.
En materia penal se indica que el 80% de los delitos sexuales corren el riesgo de ser desestimados, el 76% de los casos por delitos contra la propiedad se quedarán en el papel, igualmente el 63% de los ilícitos cometidos contra la vida pasarán al archivo.
Lo otro que podría ocurrir es que el tiempo de resolución de expedientes venza y se dé la famosa prescripción, es exactamente decir que el tiempo no alcanzó para investigar las denuncias y no quedó más que engavetarlas. Esos datos desaniman a cualquiera y minan la confianza en el sistema judicial.
La impunidad es un factor que hace desconfiar a muchos ciudadanos sobre accionar judicial, de su imparcialidad, recriminan fallos, señalan funcionarios y piden hasta despidos de jerarcas.
Para muestra el caso de la periodista que protagonizó un lamentable accidente, donde murió una joven de 17 años. Un conductor de 22 años es el sospechoso principal, se le atribuye haber tomado el volante bajo efectos del alcohol, salirse de la vía y rematar un auto. El suceso despertó el clamor popular, emitiendo criterio, en exceso, pues esa misma semana murieron 19 personas más por hechos similares. El pueblo pidió casi que el linchamiento del imputado, mientras un juez consideró que la libertad era la mejor opción. Llegaron las presiones externas y tras una audiencia de revisión de medidas, el sospechosa está ahora sujeto a ciertas restricciones mientras afronta el proceso.
Los ciudadanos cuestionaron el desempeño de los juzgadores, alzaron la voz y exigieron mano dura, eso no es nuevo, ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones, pero sí muestra el malestar social con el trabajo de estos funcionarios.
Lo mismo le ocurre a los fiscales, son sujetos de críticas por formular malas acusaciones que han permitido la salida de sospechosos de narcotráfico, sicariato, lavado de dinero y otros. Esos cuestionamientos que se formulan dentro del Poder Judicial flaco favor le hacen ante la opinión pública y por el contrario genera animadversión.
Tampoco podemos olvidar los sonados casos de espionaje policial, el uso de recursos costosísimos del OIJ para verle los “chingos” a ciudadanos respetables y no así para hacerle frente a la corrupción y al crimen organizado.
Claro, tanto empleado perdiendo el tiempo, haciendo uso de recursos y recibiendo salario, pero además trabajando jornadas de ocho horas y cobrando extras, no le ayuda al sistema.
No faltará ahora quien salga en defensa del sistema ante las revelaciones del informe y de las críticas cotidianas, jamás podríamos pensar que quienes dirigen el Poder Judicial se hacen de oídos sordos.
Lo cierto es que la desconfianza no favorece a la institucionalidad. Cuando los administrados dudan, cuestionan y señalan reiteradamente los defectos hay que ponerles atención.
Si bien el sol no se tapa con un dedo, desatender el sentir ciudadano por más explicaciones que se tengan, es un mal presagio que solo llevará a más malas evaluaciones.