Mientras Daniel Salas, ministro de Salud, se desgasta insistiéndole a la ciudadanía que por favor no salga de sus hogares, mantenga el distanciamiento social y no se reúna en grupos, en el Poder Judicial hicieron todo lo contrario este lunes 13 de abril, al convocar a inicio el juicio por el delito de homicidio calificado contra Rosmary Botjol ocurrido en setiembre de 2017, donde aparecen como imputados tres sujetos, uno de apellidos Granados Sandí y dos hermanos de apellidos Carmona.
El debate, que en un inicio debía llevarse a cabo en las salas del Tercer Circuito Judicial de Pavas, cambio de sede a los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, precisamente para evitar el hacinamiento que ocurre en las diminutas salas de la sede en Pavas, ante la pandemia por el coronavirus.
25 EN UNA SALA
Sin embargo, El Diario de Más Venta en Costa Rica fue testigo de cómo en la sala número 1 estaban reunidas 25 personas y ni siquiera con las mínimas condiciones de seguridad sanitarias permitidas.
Entre estos 25 se encontraban los 3 imputados, los 3 abogados defensores de los acusados, los 5 custodios de los detenidos, y aparte se debe sumar a los 3 jueces del tribunal, el técnico judicial, el fiscal, el actor civil, los 2 defensores de los acusados civiles, 2 miembros de prensa y cuatro personas del público.
Para colmo de males, durante el debate, que se fue a un proceso abreviado donde los 3 imputados aceptaron que se les impusieran 15 años de cárcel a cada uno, se encontraban a menos de un metro de sus custodios y aunque usaban mascarillas bucales, bien se ha dicho que esto no protege del contagio.
ABOGADA PRESTÓ ALCOHOL
Pero la cereza en el pastel vino cuando la Licda. Luconi, defensora de Granados Sandí, tuvo que prestar su alcohol para limpiar uno de los micrófonos que usaban otros tres litigantes, ya que los dispositivos colocados en la sala fallaron y para extremar medidas requerían limpiarlos.
Fue entonces cuando quedó en evidencia que el Tercer Poder de la República no solo no le otorgaba alcohol y otros insumos de seguridad a los actores del debate, sino que obviaba todas las directrices que el Poder Ejecutivo ha venido generando, de modo que quien hace valer la ley es quien dolosamente la incumple.
CHIVOS EXPIATORIOS
Precisamente conversamos con los abogados del juicio, algunos prefirieron que omitiéramos su nombre por razones de seguridad, pero la mayoría concordó en que es una irresponsabilidad lo que se estaba haciendo al citarlos al debate, algunos fueron mas allá al indicar que eran “chivos expiatorios”, del Poder Judicial.
“Meter a 25 personas en una sala de juicio, sin alcohol, sin guardar distancias entre imputados, custodios y abogados, corriendo todo el riesgo de contraer el coronavirus es una gran irresponsabilidad”, subrayaron al acusar al Consejo Superior, quien es presuntamente el que tomó la determinación de realizar la audiencia.
Por su parte el abogado Wider Briceño, que sí se atrevió a dar la cara, no ocultó su malestar y preocupación.
“Yo le diría que estoy en desacuerdo que la Corte esté haciendo este tipo de diligencias y más que todo, como usted lo señala, sin las medidas de seguridad suficientes, hoy (ayer), es que la Corte empieza a dar este tipo de servicios, porque estaban suspendidos, y nosotros fuimos como los chivos expiatorios, en donde, a pesar de que la Corte empieza a abrir para que se hagan este tipo de audiencias, lo cierto del caso es que ni los funcionarios, ni las salas estaban preparados para recibir un juicio como este”, acotó el Lic. Briceño.
“…todos estamos acá pensando no solamente en que algunos de nosotros estamos o tienen condiciones de riesgo y otros también convivimos con personas que podrían estar en condiciones de riesgo de la enfermedad, no obstante nos hemos hecho presentes y se ha hecho todo lo necesario para poder resolver la situación jurídica de los imputados y ese esfuerzo sí debe resaltarse”, advirtió preocupado el presidente del tribunal, Lic. Eduardo Rojas, antes de abandonar la sala, incluso sin que se finalizara el debate.
IMPUTADO DIABÉTICO Y CON ASMA
Pero mientras el Estado exige a los ciudadanos el respeto a las normas sanitarias y la protección de los derechos humanos, uno de los sentenciados a 15 años de cárcel por el homicidio de doña Rosmary es el guarda de seguridad privada Granados Sandí, quien luego de su condena por medio de su abogada, la Lic. Luconi, le pidió al Tribunal lo trasladaran cuanto antes al CAI de Liberia, donde estaba recluido, ya que para dicha audiencia lo tenían en las Celdas del OIJ en San José, y él padece de diabetes y asma. Eso lo convierte en una persona entre los grupos de riesgo y las celdas, según dijo su abogada, no cuentan con las condiciones de salubridad para que su cliente se encuentre, pues son frías, alborotan el asma y hasta un resfrío había pescado Granados.
Por tal situación el juez tomó nota de la petición de la litigante para que se trasladara en cuanto fuera posible al sentenciado.
MEDIDAS JUDICIALES
Pero todo lo anterior se reduce a una serie de medidas obligatorias que el Poder Judicial lanzó este lunes y donde se dice cuáles son los tribunales que deben permanecer abiertos realizando funciones, entre otros (ver recuadro), así que tal parece que la medida no es antojadiza, sino que fue pensada obviando toda la seguridad contra el COVID-19.
Tribunales que deben permanecer abiertos y servicios que se deben brindar
Medidas cautelares en los asuntos en etapa de juicio.
Apelaciones.
Extradiciones.
Rebeldías.
Sentencias escritas (sobreseimientos, abreviados, entre otros)
Juicios de personas privadas de libertad a través de la utilización de la herramienta de la videoconferencia
Cualquier otro asunto que sea puesto a su conocimiento.