Por tercera ocasión en menos de una semana, el Poder Judicial contradice lo expresado por la ministra de la Presidencia Laura Fernández. En esta ocasión, fue la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) quien desdijo a la jerarca.
Dicha institución insiste en que no ha recibido ninguna solicitud de dicho Ministerio sobre algún requerimiento de información.
De acuerdo con esta institución: “La Junafo recibió gestiones de parte de la Superintendencia de Pensiones en coordinación con el Ministerio de Hacienda, así como de una persona en calidad de ciudadana costarricense para obtener información sobre las pensiones del Fondo del Poder Judicial, administrado por Junafo”.
También Junafo indicó que: “la información solicitada, en su totalidad, está disponible, y comunicada para su retiro, desde el 28 de junio de 2024, dos días antes de la fecha límite”.
NO ES LA PRIMERA
Los roces entre la ministra y el Poder Judicial no son nuevos. El pasado 26 de junio Fernández cuestionó que a la Sala Constitucional sí se le permitiera utilizar un mecanismo excepcional similar para construir su edificio al que pretende el Poder Ejecutivo aplicar para edificar Ciudad Gobierno.
No obstante, el Poder Judicial respondió a estos señalamientos que: existe un Contrato del Fideicomiso Inmobiliario suscrito entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica (BCR), el cual dispone del refrendo de la Contraloría General de la República (con fecha del 26 de noviembre de 2015).
Luego, el 3 de julio, en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la jerarca realizó un reclamo a la Sala Constitucional sobre un supuesto recurso de amparo debido a que el Poder Judicial les negó información sobre las pensiones de dicha institución.
En este caso el órgano constitucional respondió que no existía ningún recurso de amparo presentado por dicha cartera.
Y 24 horas después, referente a este mismo tema, Junafo recalcó que no existe ninguna solicitud por evacuar sobre ese tema.
PRESIDENCIA NO RESPONDE A DIARIO EXTRA
El 3 de julio, DIARIO EXTRA consultó a la ministra Fernández por medio de uno de sus asesores sobre las aseveraciones que hacía la Sala Constitucional, pero se nos indicó que la jerarca contestaría al día siguiente. El 4 de julio a las 4:50 p.m., se le volvió a recordar la respuesta, pero hasta el cierre de edición no la recibimos.
No obstante, en un comunicado de prensa público, el Ministerio de la Presidencia indicó que “El equipo que conformó el Gobierno de la República para eliminar las pensiones de lujo se vio obligado a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional el 14 de agosto del 2023”.
Según el comunicado, todavía no han recibido respuesta alguna de este recurso presentado.
MANEJO DE GOBIERNO
Esta situación en que el Poder Ejecutivo choca con diferentes instituciones parece ser una constante en la presente Administración. Ya se habían presentado en el pasado problemas similares donde el Gobierno se ha enfrentado prácticamente a todas las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa.
Fabio Masís, especialista en políticas públicas, indica que: “no pareciera ser lo más óptimo para el país, el estar pasando por esta clase de situaciones. Sin embargo, no es algo ajeno a lo que se ha venido presentando en los últimos meses con otras entidades dentro del propio Estado”.
En otras ocasiones, el enfrentamiento del Gobierno ha sido contra la Contraloría General de la República. En este caso, inclusive la contralora Marta Acosta consideró que el proyecto de Ley Jaguar, que pretende realizar reformas al ente contralor, debilita a la institución.
“A diferencia de anteriores situaciones, esta vez es la Sala Constitucional la entidad que le está respondiendo al Poder Ejecutivo y en este caso a la ministra de la Presidencia sobre situaciones particulares en las cuales no coinciden en las posiciones”, concluyó Masís.