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En el marco del debate sobre el Presupuesto Nacional 2027, el Poder Judicial mantiene una firme defensa del fideicomiso inmobiliario suscrito con el Banco de Costa Rica (BCR).
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, y Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, destacan que este mecanismo es un instrumento clave para dotar a la institución de sedes propias sin recurrir a endeudamiento público.
“El fideicomiso no tiene nada que ver con el presupuesto, el fideicomiso es una figura jurídica que nosotros estamos utilizando para administrar recursos, administrar gastos con el fin de proveernos de edificios en el Poder Judicial”, dijo Aguirre.
Este esquema opera mediante un contrato en el que el BCR actúa como fiduciario, financia el desarrollo de las obras y entrega los inmuebles en arrendamiento al Poder Judicial.
Para nutrir este fondo, la administración traslada sobrantes presupuestarios no ejecutados de subpartidas de edificación, generados por licitaciones infructuosas o desiertas, mediante modificaciones por decreto aprobadas por el Ministerio de Hacienda.
Estos aportes de capital permiten amortizar las obras y reducir el costo de los alquileres futuros. Además, cuentan con el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) y replican el modelo utilizado para la construcción de la sede de la Asamblea Legislativa.
“Nuestros estados financieros están sometidos a un auditoraje, los del fideicomiso también”, dijo Romero.
Desde 2021, el fideicomiso ha permitido la entrega de la Torre Judicial en San José y el edificio de Tribunales de Puntarenas, así como la compra de cuatro terrenos para el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Sala Constitucional.
El Poder Judicial asegura que la Torre Judicial genera un ahorro anual en alquileres de ¢1.340 millones, mientras que la sede de Puntarenas ahorra ¢657 millones al año.
Actualmente están en proceso las sedes judiciales de Quepos y Cañas, y se contempla el desarrollo del edificio del OIJ, obra proyectada para generar un ahorro adicional cercano a ¢900 millones anuales.
“Son 17 proyectos los que se desarrollan conforme a las prioridades establecidas por la Corte Suprema de Justicia”, agregó Romero.
La jerarquía judicial enfatiza que el fideicomiso es un patrimonio independiente que no integra el presupuesto ordinario institucional, aunque el pago de alquileres sí se refleja formalmente en el Presupuesto de la República.
Los diputados oficialistas objetan el traslado de sobrantes presupuestarios a la figura fiduciaria.
Argumentan que mover fondos no ejecutados evita el control parlamentario directo y vulnera el principio de anualidad presupuestaria.
Asimismo, afirman que las transferencias “inflan artificialmente” los porcentajes de ejecución institucional y señalan un “crecimiento vertiginoso” del patrimonio del fideicomiso.
Las críticas se apoyan, además, en observaciones de la CGR sobre la conveniencia de limitar o liquidar el mecanismo tras concluir las obras pactadas.
“Los movimientos al fideicomiso son aprobados por el Ministerio de Hacienda, no vienen a la Asamblea y se violenta el principio de anualidad”, dijo la diputada Marta Esquivel.
Por su parte, el legislador Nogui Acosta cuestionó cómo se reflejan los gastos en el fideicomiso y a quién pertenece la infraestructura construida.
“Ese fideicomiso estaría en tanto se puedan estar haciendo obras funcionando al margen de la ley”, afirmó.
Por este motivo, opositores al fideicomiso buscan establecer mayores controles sobre los fondos.
A través de la norma 9 del proyecto de presupuesto, condicionan la liberación de cerca de ¢30.000 millones a la entrega de estados financieros auditados del fideicomiso, el visto bueno de la CGR y la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Por otra parte, la congresista Ángela Aguilar informó sobre la presentación del proyecto 25.772 para “transparentar la gestión presupuestaria de los fideicomisos públicos”, precisamente para que toda la información esté incorporada en el presupuesto y también en las liquidaciones.
Para los oficialistas, en lugar de trasladar sobrantes a obras de infraestructura a largo plazo, los recursos se deben destinar de manera directa e inmediata al fortalecimiento de la seguridad, priorizando la operatividad y el equipamiento del OIJ y la Fiscalía.