El Poder Judicial de la República está mandado a cumplir las disposiciones sobre las políticas de remuneración que contiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP) en su capítulo 3, así lo determinó la Contraloría General de la República.
En un oficio que el ente contralor dirigió este viernes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Cruz, la Contraloría le corrige sobre un acuerdo que tomó la Corte Plena el 18 de marzo anterior.
En ese documento se concluyó que las políticas remunerativas, como dedicación exclusiva, prohibiciones, auxilios de cesantía, entre otros solo asistirían a los nuevos funcionarios, no así a los que actualmente se encuentran por ser, según los magistrados, derechos adquiridos.
Sin embargo, en su razonamiento el ente contralor concluye que la redacción de la LFFP en su artículo 26 deja claro que lo contenido en el título III cobija a todos los funcionarios y de otro modo el acuerdo de la Corte Plena no es en sí mismo sino una declaración general de acogimiento de la normativa, por lo cual no genera derechos en función de ningún trabajador del Poder Judicial.
Adicionalmente, según exponen los auditores de la Contraloría, las acciones de ahorro en la gestión de los recursos deben moverse hacia actividades más económicamente rentables y sobre todo sostenibles en el tiempo.
Más detalles en la edición impresa de DIARIO EXTRA este sábado 21 de diciembre.