La Contraloría General de la República (CGR) señaló debilidades en el sistema de prevención de la corrupción, así lo establece un informe de auditoría al que tuvo acceso DIARIO EXTRA.
De acuerdo con la información, la evaluación tuvo como objetivo determinar si el Poder Judicial ha diseñado e implementado un Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción de conformidad con el marco normativo aplicable.
“Al respecto, se analizaron los componentes funcionales de dicho sistema para prevención de la corrupción, ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, sistemas de información y seguimiento. Lo anterior, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2023”, detalla el documento.
Asimismo, el informe explica que la corrupción es un factor que contribuye al debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. También indica que Costa Rica aparece en los puestos 48 (año 2022) y 45 (año 2023) del índice de percepción de corrupción, mientras que en el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019 se refleja que solo el 27% de las personas manifiestan confianza en los tribunales.
“Por ello es relevante que el Poder Judicial cuente con un Sistema de Control Interno institucional que potencie la prevención de la corrupción, disminuyendo la vulnerabilidad institucional y reduciendo sus niveles de susceptibilidad. De modo que promueva una operación transparente de las funciones públicas, con énfasis en la protección y conservación del patrimonio público y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico”, manifiesta la auditoría.
HALLAZGOS
Entre los hallazgos encontrados por la Contraloría en la evaluación realizada al Poder Judicial destaca que la entidad cumple de manera parcial con el diseño e implementación del Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción, de conformidad con los aspectos que se establecen en el marco normativo aplicable.
“Ya que, si bien se observaron resultados positivos en cuanto a los componentes de sistemas de información y seguimiento del Sistema de Control Interno, se identificaron debilidades en los componentes de ambiente de control, valoración de riesgos y actividades de control que limitan contar con un Sistema de Control Interno institucional sólido.
Direccionado al cumplimiento de sus objetivos y que potencie la prevención de la corrupción. Con respecto al ambiente de control, el Poder Judicial cuenta con varias instancias que tienen funciones para la prevención de la corrupción y ha diseñado instrumentos orientadores para la definición de la estructura”, determina la auditoría.
De igual manera detalla que se identificó una débil coordinación y comunicación entre las instancias competentes, la Oficina de Control Interno y la Oficina de Cumplimiento, particularmente en la ejecución de acciones conjuntas para realizar la valoración de riesgos de corrupción institucional.
“Porque no cuentan con una definición de canales de comunicación, aspectos de coordinación indispensable ni puntos de interacción, que conjugue los esfuerzos y potencie las relaciones en dicha materia. Se determinó también que la valoración de riesgos de corrupción se realiza de forma separada del SEVRI-PJ (servicio del Poder Judicial), por lo que no permite identificar el nivel de riesgo de corrupción institucional, tomar acciones para gestionarlo y darle seguimiento”, se detalla.
Por otro lado, la auditoría revela que, como parte de las actividades de control para la prevención de la corrupción, el Poder Judicial emitió la Política de Integridad y Anticorrupción, la Política Axiológica y la Política de Justicia Abierta, así como sus respectivos proyectos de acción vinculados con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024.
“Sin embargo, los rectores de dichas políticas no han evaluado la efectividad de los resultados, con el objetivo de generar insumos para la toma de decisiones y recomendaciones para la corrección, eficiencia y mejora continua del Sistema de Control Interno, a pesar de que existe una metodología para ello”.
Cabe señalar que el informe también evidencia que, durante la ejecución de las pruebas de auditoría, para las cuales se requirió la remisión de un formulario a una muestra de 448 personas funcionarias judiciales, no se obtuvo la totalidad de respuestas, pues 193 personas no contestaron, pese a los diversos recordatorios enviados por la Contraloría General y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
DISPOSICIONES
Tras los hallazgos, la CGR emitió una serie de disposiciones dirigidas a Orlando Aguirre Gómez en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia o a quien en su lugar ocupe el cargo.
“Definir, oficializar e implementar los canales de comunicación, los aspectos de coordinación indispensable y los puntos de interacción entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Cumplimiento, de forma que permita la ejecución de acciones complementarias e integradas para la valoración de riesgos de corrupción.
Dicha interacción debería responder a un proceso articulado y a criterios de actuación, de forma tal que el conjunto de acciones emprendidas por cada sujeto contribuya de forma coherente y efectiva a la consolidación de un ambiente de control y de una cultura anticorrupción.
Para dar por acreditada esta disposición deberá remitir al Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General, lo siguiente, al 30 de agosto de 2024, una certificación donde se acredite que se realizó la definición y oficialización de los canales de comunicación, los aspectos de coordinación indispensable y los puntos de interacción entre dichas instancias.
Al 31 de octubre de 2024, una certificación en la que conste el avance en la implementación de los canales de comunicación, la coordinación indispensable, y la interacción entre dichas instancias”, se señala como parte de las disposiciones.
De igual manera, le solicita divulgar la estructura organizativa del Poder Judicial para la prevención y atención del fenómeno de la corrupción. Dicha divulgación debe contemplar al menos la clarificación de los instrumentos estratégicos y operativos, las instancias responsables, sus roles y competencias.