Poder Judicial califica de medidas políticas las normas para liberar recursos

Un bloqueo de cerca de ¢30 mil millones y cuatro normas incluidas en el proyecto de presupuesto nacional de 2027 para liberar esos recursos generan preocupación en el Poder Judicial.

Sus jerarcas consideran que las disposiciones trasladan a la Asamblea Legislativa decisiones sobre el uso de recursos que corresponden a la administración de la institución.

“La preocupación mayor viene porque se incluyen cuatro normas formuladas como de ejecución presupuestaria, pero que en realidad son normas de naturaleza política que se han introducido con el fin de ubicar a la Asamblea Legislativa como coadministrador de algunos de los recursos”, indicó Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Poder Judicial tendría un presupuesto de ¢531 mil millones, monto que ya incorpora una reducción de ¢10 mil millones respecto del presupuesto de 2026. Aguirre solicitó a los diputados restituir esos recursos, debido a que los ajustes afectan áreas como tecnología, seguridad informática y adquisición de vehículos.

Además, se limita el uso de recursos bloqueados, lo que impactaría rubros como la alimentación de las personas detenidas, así como los chalecos y equipos para los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el desglose, el Poder Judicial señala ¢10 mil millones bloqueados en servicios tecnológicos, lo que podría impedir la renovación de licencias utilizadas para sistemas institucionales, notificaciones electrónicas y protección de datos. En infraestructura se identificaron ¢8 mil millones condicionados, mientras que otros ¢2 mil millones están relacionados con alquileres que también se verían afectados.

“Todo esto se verá impactado con una reducción importante de recursos que finalmente va a incidir en el servicio de administración de justicia y va a afectar a las personas usuarias de nuestra institución”, agregó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.

La norma 9 condiciona el uso de los recursos a la presentación de estados financieros, certificaciones, una intervención de la Contraloría General de la República y la aprobación de una comisión legislativa, sin establecer un plazo para que esas decisiones sean tomadas.

“Esto, obviamente, representa una invasión en lo que es la independencia del Poder Judicial y esto desde el punto de vista institucional es fatal”, afirmó Aguirre.

La norma 10 establece restricciones para realizar movimientos entre subpartidas, incluso dentro de un mismo programa presupuestario. Según la exposición, esto obligaría al Poder Judicial a recurrir a presupuestos extraordinarios ante la Asamblea Legislativa para efectuar modificaciones que actualmente pueden tramitarse mediante mecanismos de la administración financiera.

La norma 12 limita la posibilidad de realizar nombramientos en las plazas vacantes. El Poder Judicial registra 2.463 plazas en esa condición, aunque actualmente están ocupadas en su mayoría por funcionarios interinos. La disposición condicionaría su utilización a estudios y autorizaciones externas.

“Estos efectos van a recaer en los usuarios. Ya no podrán hacerse allanamientos, audiencias tendrán que suspenderse e incluso cerrar juzgados, porque si no podemos utilizar la plaza donde hay un juez interino, tenemos que cerrarlo”, comentó Aguirre.

La medida tendría efectos diferenciados entre los programas. De las 2.463 plazas vacantes, 810 corresponden al OIJ, 739 a la Judicatura, 294 a Dirección y Administración, 251 al Ministerio Público y 230 a la Defensa Pública.

La institución indicó que las vacantes son parte del funcionamiento ordinario debido a jubilaciones, renuncias y otros movimientos de personal.

“La administración es dinámica, las personas se jubilan, renuncian, especialmente en el OIJ, no es fácil ser policía en estos días”, mencionó Romero.

Al sumar los fondos bloqueados y la reducción presupuestaria, el Poder Judicial tendría una menor disponibilidad de más de ¢40 mil millones, equivalente al 7,5% del presupuesto de la institución.

Orlando Aguirre
Presidente de la Corte

“Son normas atípicas. La Sala Constitucional ha dicho, con frecuencia, que no se pueden utilizar formulaciones denominadas presupuestarias para introducir normativa ordinaria. Meter estas normas es colocarnos a nosotros en una situación de vulnerabilidad”.

Ana Eugenia Romero

Directora Ejecutiva PJ

“El Poder Judicial no se opone a los controles, siempre hemos estado sometidos a la rendición de cuentas. A lo que nos oponemos es a mecanismos exclusivos, llamados controles, que en realidad son obstáculos para paralizar la gestión eficiente de los recursos otorgados al Poder Judicial”.

Michael Soto

Director interno OIJ

“Estoy altamente preocupado por estos recortes. En un momento histórico donde el crimen organizado muestra su faceta madura, más cruda, más compleja y difícil. Esto podría ponernos en una situación de vulnerabilidad muy alta. El acceso a recursos para combatir al crimen organizado es necesario”.

Normas de ejecución

• Presentar los estados financieros auditados del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial.
• Certificación de la Contraloría de las disposiciones de auditorías ordinarias referentes a la ejecución de infraestructura inmobiliaria.
• La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público deberá aprobar la liberación presupuestaria.
• Cualquier movimiento entre subpartidas requerirá de un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea.
• No podrán utilizar plazas vacantes si no es previo un estudio de costo-beneficio de la Contraloría y conocido por Corte Plena.

Desglose del presupuesto

• Administración del Poder Judicial: ¢102 mil millones
• Servicio jurisdiccional: ¢183 mil millones
• Organismo de Investigación Judicial: ¢128 mil millones
• Acción Penal Pública: ¢59 mil millones
• Defensa Pública: ¢49 mil millones
• Protección de víctimas: ¢11 mil millones
• Pensiones del Poder Judicial: ¢3 mil millones