Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La posibilidad de utilizar ¢29.843,8 millones del presupuesto del Poder Judicial para 2027 dependerá de una serie de trámites legislativos y administrativos que la institución considera contrarios a la Constitución Política, por lo que acudirá a la Sala Constitucional para cuestionar las disposiciones incluidas en el plan de gastos.
La Corte Plena acordó este lunes autorizar a la Presidencia del Poder Judicial a presentar una consulta legislativa sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, una vez que la Comisión de Asuntos Hacendarios emita el dictamen correspondiente.
Las magistraturas que integran la Sala Constitucional se inhibieron de participar en la votación del acuerdo, debido a que esa cámara deberá resolver la consulta.
“La institución ha manifestado, en diversos espacios y comunicaciones públicas, incluida una comparecencia ante esa comisión legislativa, su rechazo a las normas de ejecución presupuestaria impuestas exclusivamente al Poder Judicial. Asimismo, ha advertido sobre sus posibles efectos en los servicios de justicia y la lucha contra el crimen, y ha señalado que estas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución Política”, indicó el Poder Judicial por medio de un comunicado de prensa.
Las normas cuestionadas condicionan la disponibilidad de ¢29.843,8 millones a una serie de requisitos adicionales. Entre ellos figuran presentar los estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, obtener certificaciones de la Contraloría General de la República y contar con el conocimiento y aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y del Plenario Legislativo. Finalmente, se requeriría una orden al Ministerio de Hacienda para liberar los recursos.
La institución advierte que el procedimiento no establece un plazo definido para que el dinero esté disponible y su liberación depende de decisiones que involucran tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo.
En el mismo acuerdo, la Corte Plena dispuso remitir a la Asamblea Legislativa un informe jurídico que concluye que el proyecto de presupuesto nacional de 2027 afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Asimismo, enviará un segundo informe sobre el presupuesto extraordinario de 2026, elaborado en respuesta a una consulta del Directorio legislativo y que también señala efectos sobre la organización y el funcionamiento de la institución.
El Poder Judicial advierte que las restricciones presupuestarias podrían afectar la atención a los usuarios, la continuidad de los servicios y la capacidad para investigar delitos. Entre las consecuencias señaladas están la paralización de la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires, así como las limitaciones para nombrar 2.463 plazas actualmente ocupadas por personal interino.
También alerta sobre posibles suspensiones de audiencias y trámites virtuales por falta de recursos para licencias informáticas y enlaces de internet. A esto se suman 259 plazas vacantes de jueces, cuya falta de sustitución podría incrementar los atrasos en la resolución de casos.
La institución señala que una eventual concentración o reubicación de oficinas locales obligaría a personas de comunidades rurales y costeras a desplazarse más lejos para realizar sus trámites.
En materia de seguridad, el Poder Judicial estima que las restricciones sobre ¢8.684 millones destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) afectarían recursos para investigaciones, pericias, equipos e insumos necesarios para combatir el crimen organizado. También advierte sobre riesgos para los programas de protección de personas amenazadas y para el mantenimiento de edificios judiciales.