Marta Acosta, jerarca de la Contraloría General de la República (CGR), externó una serie de preocupaciones con respecto al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo denominado “Ley Jaguar”, pues a su criterio abre portillos de corrupción y llena de huecos el sistema de control público.
Además, se desligó indirectamente de una de las principales acusaciones provenientes del presidente de la República Rodrigo Chaves, quien criticó duramente al ente contralor por los casos de corrupción ocurridos en los últimos años.
Sobre el tema, Acosta afirmó que, a pesar de los efectos y las virtudes, la institución es la encargada de vigilar la utilización de fondos públicos, por lo que en caso de cambiar de rol las consecuencias serían graves.
“Imagínense una Contraloría pintada en la pared, no podemos advertir, no podemos ni siquiera recomendar, ya no vamos a poder tomar acciones vinculantes, por ejemplo: no órdenes, no disposiciones ni siquiera recomendaciones sobre los temas de administración activa, entonces sí hay un efecto para la ciudadanía que es que sus recursos públicos ya no van a ser vigilados, señaló.
INVASIÓN DE POTESTADES
La contralora especificó que el proyecto que se pretende llevar a referéndum permitiría que las obras públicas se puedan contratar a dedo, sin un registro de la deuda pública y sin poder alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto. De igual forma, añadió que no solo se golpea a la institución, sino que también es una forma de quitarle poder a la Asamblea Legislativa. “Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece. Esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General.
Dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad”, dijo Acosta.
CONTROLES
Los tres puntos de la ley tienen relación directa con las acciones del ente, el primero contempla cambios en la Ley Orgánica de la CGR, mientras que el segundo y el tercero corresponden a reformas en las normativas para llevar a cabo proyectos. Por lo tanto, la institución advirtió roces con la legislación.
DIARIO EXTRA consultó hace unas semanas al mandatario Chaves si no era una contradicción hablar de un fortalecimiento de la entidad mientras “pasaban por encima” a sus criterios, a lo que dijo que no se trataba de criterios, sino de caprichos interpretativos. Así mismo, Chaves indicó que los mensajes de la Contraloría se trataban de advertencias y no de un acatamiento de la ley.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, emitió un comunicado donde señaló discrepancias con el mensaje dado por la contralora.
“Parece que doña Marta leyó otro proyecto de ley, el proyecto Ley Jaguar que presentó el Gobierno, a consideración de la Asamblea para poder ir a referéndum y al TSE para poder recoger firmas, no tiene ninguna tentativa para disminuir las competencias de la Contraloría, ella miente descaradamente porque está acostumbrada a que ha venido tratando de hacer lo que ha querido”, refirió.