Podemos salvar más vidas

La vida es el más fundamental derecho humano y la base de todos los demás, y dado que la violencia en la sociedad y otras acciones humanas pueden truncarla, es una tarea primordial del gobierno proteger a las personas de la violencia y de esas perniciosas acciones. Este llamado es aún más vehemente entre nosotros por la tradición de sociedad pacífica y gentil de la que justamente nos ufanamos.

Sabemos que desde 2002 los homicidios se han duplicado en su proporción a nuestra población, y que de tener tasas menores al promedio mundial ahora estamos muy por encima de esa cifra. También sabemos que las muertes por accidentes de tránsito han aumentado muy significativamente su incidencia en este mismo periodo. En estos dos campos los resultados nos indican con aplastante dramatismo la insuficiencia de las acciones gubernamentales para enfrentar la dolorosa pérdida de vidas humanas.

En otro campo, con tristeza podemos afirmar que entre 1980 y 1994 la tasa promedio anual de suicidios por 100.000 habitantes fue de 4,8, pero ya en el año 2000 había subido a 6,7. Luego se ha mantenido alrededor de 7 y, además, se ha dado otro cambio muy negativo, pues se ha concentrado en personas jóvenes, muy mayoritariamente hombres. En relación con los intentos de suicidio, entre el año 2014 y 2018 los reportados pasaron de 1.204 a 1.898. Así, la tasa de intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes subió de 25,2 a 37,9 en ese periodo.

En The Economist (24 de noviembre de 2018) un reportaje especial nos da una muy buena noticia: en el mundo (que tiene una tasa de suicidio mayor a la nuestra del orden de 10) se ha producido una muy importante disminución de esta tragedia, que sega la vida de tantas personas y afecta tan negativamente a sus familias. El promedio mundial en los últimos 20 años ha disminuido en un 33%.

Ese reportaje nos informa que “Globalmente la tasa (de suicidio) ha disminuido en un 38% de su nivel más alto que fue alcanzado en 1994. Como resultado de este cambio se han salvado más de 4 millones de vidas, lo que representa 4 veces el número de personas que perecieron en combate en ese mismo periodo (de 1994 a 2017)”.

Es cierto que el mayor causante de esa reducción es la disminución del suicidio de mujeres jóvenes en China e India, pero la revista señala otras causas tales como mejores políticas contra el alcoholismo, mejoras en la salud pública, mayor bienestar entre los adultos mayores, reducir el acceso a los medios para suicidarse (control de armas y venenos, y vallas en el puente del Saprissa), y autolimitaciones en la información de la prensa sobre suicidios.

Este cambio mundial nos debe estimular a fortalecer las políticas y acciones gubernamentales que permiten disminuir los suicidios. Muchas de las medidas tienen que ver con las acciones que se ejecuten en el campo de la salud mental.

En diciembre del año recién pasado la Contraloría General de la República emitió su informe No. DFOE-SOC-IF-00025-2018 que concluyó: “El Ministerio de Salud, no ha dado cabal cumplimiento a sus competencias vinculadas con la prevención y promoción de la salud mental, y en la gestión de recursos vinculados, lo cual ha limitado la realización de acciones para mejorar las intervenciones en salud mental”.

Además señala: “Este órgano contralor determinó que el Ministerio de Salud no ha impulsado el desarrollo de investigaciones en salud mental y se carece de metodología para realizar un diagnóstico, actualizado y oportuno, de la realidad nacional que permita mejorar las intervenciones”.

Específicamente respecto al suicidio señala ese informe que la ausencia de una adecuada comunicación ha dado origen “a la falta de sensibilización como un problema de salud pública prioritario, lo que va en detrimento de la promoción y prevención”.

Ciertamente reportajes periodísticos posteriores señalan que ese informe de la Contraloría no tomó en cuenta acciones de fortalecimiento de las tareas de atención a la salud mental que se han adoptado desde mediados de 2017, con cambios que se produjeron en las autoridades competentes en este tema.

Pero la gravedad de las carencias señaladas por la Contraloría hace perentoria la necesidad de que las autoridades del Ministerio de Salud investiguen e informen cómo se ha seguido operando en los temas de salud mental y de prevención de los intentos de suicidio.

Es tarea fundamental del gobierno defender la vida, en vez de promover la impunidad en el asesinato de los indefensos bebés no nacidos.