Pocas entidades cumplen con eficacia las órdenes de la CGR

Durante el año 2025, el cumplimiento de las resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR) hacia las instituciones del Estado registró niveles de eficacia bajos. 

Según los datos del Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública, incluidos en el Informe de Labores de la institución, únicamente un 27,7% de las entidades fiscalizadas logró “niveles altos de eficacia” al atender las órdenes dictadas por el órgano contralor.

Le Memoria Anual 2025, enviada a la Asamblea Legislativa revela que el 85% de las administraciones públicas auditadas solicitó prórrogas para poder acatar las disposiciones. Estas prórrogas generaron demoras que promedian los 190 días en la ejecución de las acciones exigidas.

La CGR advierte que estas demoras impactan a la ciudadanía en áreas críticas para el desarrollo del país, tales como la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura y la actualización continua de los servicios públicos.

Carlos Morales

Seguimiento para la Mejora

“La demora en estas correcciones afecta la materialización de beneficios para la ciudadanía en sectores críticos como seguridad, salud, educación e infraestructura”.

“Un nivel bajo de cumplimiento en las disposiciones de la Contraloría General tiene un impacto directo en las personas. Los retrasos en los plazos de pescuda comprometen directamente la entrega de valor público”, aseveró Carlos Morales, gerente del área de Seguimiento para la Mejora Pública de la CGR.

Especialistas en derecho administrativo consultados por Grupo Extra, advierten que la incapacidad de las instituciones públicas para cumplir con sus obligaciones legales y aplicar estas mejoras de forma temprana genera, además, una saturación en otras vías del Estado, trasladando problemas administrativos a los tribunales de justicia.

“Si las administraciones públicas cumplieran con sus deberes, con grado de eficiencia y eficacia óptimas, dentro de otros principios del servicio público, muchos los problemas que surgen a nivel judicial estarían totalmente resueltos a nivel administrativo”, aseveró Manrique Jiménez, abogado especialista en derecho constitucional administrativo.

Christian Campos Monge

Abogado 

“Es importante un proceso de diálogo que integre a otras organizaciones que eventualmente tienen que colaborar para que el ente fiscalizado pueda cumplir”.

Prórrogas deben analizarse 

Por otro lado, la alta recurrencia de solicitudes para ampliar los plazos también abre el debate sobre la formulación de las órdenes emitidas por la Contraloría. 

Algunos especialistas sugieren que los altos porcentajes de prórrogas evidencian la necesidad de revisar si las disposiciones toman en cuenta la capacidad operativa real, el presupuesto limitado y el personal disponible en las distintas instituciones encargadas de ejecutarlas.

“Ese alto porcentaje de prórrogas tiene que llamar a la atención también a que es muy probable que las disposiciones no tienen muy presente la realidad y capacidad de ejecución”, aseveró el abogado Christian Campos Monge.

Paralelamente, la CGR reportó un incremento sustancial en la demanda de los servicios que atiende directamente. En el área de participación ciudadana, la recepción de denuncias sobre presuntos hechos irregulares en el uso de fondos públicos aumentó un 70,58% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 1.699 casos tramitados durante 2025.

Este aumento de la demanda también impactó de forma directa la fiscalización en el área de la contratación pública. Durante el periodo evaluado, el ente contralor recibió un total de 2293 recursos de objeción a carteles de licitación. Debido al alto volumen y a la complejidad técnica de estos procesos, solo el 37% de las resoluciones se lograron emitir en el plazo menor a ocho días hábiles establecido por la normativa.

Para hacer frente a esta elevada cantidad de expedientes legales sin incrementar la planilla, la Contraloría recurrió a la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).