
En Costa Rica hay más de 105 mil indígenas de las etnias bribri, cabécar, chorotega, ngöbe, brunca, huetar y maleku, según el censo poblacional del 2011, algunos conocen los privilegios de la modernidad, pues sus comunidades no son tan lejanas a los sitios de mayor desarrollo, otros por el contrario siguen sumidos en la montaña, literalmente.
Pero no importa si estos poblados se encuentran muy cerca o muy lejos de San José, la capital del país, lo cierto es que las políticas de atención integral son escasas, débiles y sobre todo carentes de presupuesto.
Pareciera que en algún momento el tiempo se detuvo y hay muchas reservas indígenas donde que ni siquiera hay acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad, ambas primordiales para sobrevivir.
En los últimos años la población indígena costarricense ha crecido, basta con ver las cifras, desde el 2000 hasta el 2011 se registró un aumento de 40.267 personas, al pasar de 63.876 a 104.143, de las que 51.709 son mujeres y 52.434 hombres. A cinco años del censo el panorama puede ser otro.
El censo 2011 indicó además que del total de 1.211.964 viviendas con servicios básicos existentes en el país, solamente 1.148 casas indígenas contaban con esos servicios; solamente 189 acueductos y 906 hogares toman el agua de ríos o quebradas, 982 apenas tienen servicio sanitario de hueco, pozo negro o letrina; y solo 7.581 tienen electricidad.
Poco de esta realidad ha variado para no decir nada, pues las comunidades indígenas siguen siendo las más olvidadas sin importar dónde se ubican.
Ni qué decir de los servicios de salud, para recordar casos específicos, la muerte de dos personas, un bebé que no recibió atención oportuna a problemas de insuficiencia respiratoria y una mujer que murió por septicemia tras un apéndice.
Ambos costarricenses no lograron ser atendidos, pues esos días el mal tiempo impidió que el helicóptero del Ministerio de Seguridad alzara vuelo y llegara a sus respetivas comunidades.
Es una injusticia que se reporten casos como los mencionados, ya que el país ha desarrollado una excelente atención primaria de salud, pero aún la lejanía de estos poblados es casi una sentencia de muerte, llegar a muchas reservas es una odisea de varios días.
En el tema de la educación el panorama no es diferente y la inversión en infraestructura es mínima.
El fin de semana miembros del Ministerio de Educación Pública llegaron a algunos poblados en Talamanca, el cantón más pobre de Costa Rica y además donde se reportan mayor cantidad de suicidios en personas jóvenes.
Los funcionarios censaron a más de 200 estudiantes, niños, niñas y adolescentes que se educan con un solo profesor, en escuelas de bambú y sin luz, posiblemente también mal alimentados.
Es inentendible cómo una labor de tal importancia es casi una misión humanitaria, igualmente ocurre cuando llegan los helicópteros de Seguridad Pública o de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con médicos a bordo para hacer revisiones generales o erradicaciones de drogas. Lo demás es historia.
Los indígenas requieren que se les vea con mayor detenimiento, no es posible que las opciones de vivir mejor sean tan limitadas, no es justo que los costarricenses los sigamos viendo como piezas de museo, su cultura y su conocimiento son invaluables.
Los encargados de las políticas de Estado deben poner su mirada en estas comunidades que no por ser minoría tienen que estar en abandono. Por el contrario, existen los mecanismos para atender sus necesidades como un asunto de humanidad, pues son ciudadanos y tienen derechos.
No entendemos cómo la Costa Rica globalizada y pendiente de los mercados internacionales se olvida de sus indígenas, haciendo de lado su riqueza cultural y social.