Revela estudio de organizaciones no gubernamentales
Un reciente informe de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) revela que los refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica enfrentan barreras para acceder a sus derechos humanos fundamentales.
El estudio realizado entre agosto y setiembre de 2024 arroja luz sobre la percepción de esta población vulnerable respecto al cumplimiento de sus derechos en el país centroamericano. Según dicha organización, el 90% de los entrevistados ha experimentado algún tipo de xenofobia, desde discriminación laboral hasta prohibiciones de usar su lengua nativa en espacios públicos.
Además el 88% de los participantes reportó ganar menos del salario mínimo establecido, lo que dificulta considerablemente su capacidad para cubrir necesidades básicas como vivienda y alimentación.
Por otro lado, el reporte también expone una preocupante falta de conocimiento sobre los programas gubernamentales disponibles para refugiados.
El 80% de los entrevistados dijo no conocer ningún programa estatal diseñado para garantizar sus derechos, con la excepción del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
“El Estado debería realmente cumplir su papel como país signatario de derechos humanos y buscar darles derechos humanos a personas refugiadas”, expresó uno de los participantes en el estudio, reflejando un sentimiento generalizado entre la comunidad de refugiados. Asidehu señala que tras el cambio de gobierno, en 2022, se ha percibido un retroceso en el acceso a derechos para personas refugiadas, con políticas que no favorecen a la población migrante en general.
DIARIO EXTRA consultó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) sobre los resultados de dicho informe elaborado por organizaciones que apoyan a la comunidad refugiada o solicitante de refugio y señaló que existe un “Plan Nacional de Integración 2023-2027 (Pnicr2023-2027)”.
Las acciones estratégicas que se incluyen en dicha política son el reconocimiento de la diversidad, población y personas en condición de vulnerabilidad, migración y trabajo, migración y salud, migración y educación, y fortalecimiento institucional.
Para la operacionalización del Pnicr2023-2027 se cuenta con los recursos provenientes del Fondo Social Migratorio (FSM), el cual fue creado en el artículo 242 de la Ley General de Migración y Extranjería (No.8764).
Según lo establecido en el artículo citado, los recursos de dicho fondo están dirigidos a apoyar el proceso de integración social de la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia.
