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“El analista político Mario Quirós destacaron que el escenario pluripartidista no es el enemigo sino un síntoma de un modelo que requiere repensarse”
¿Es bueno para Costa Rica tener muchos partidos políticos? ¿Fortalece nuestra democracia o, se convierte en una traba para alcanzar acuerdos sobre nuestros problemas sociales? Estas preguntas guiaron un foro organizado el pasado 19 de junio por la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con la participación de Humberto Sierra Porto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado y ex magistrado del Tribunal Constitucional de Colombia.
Sierra Porto compartió la experiencia colombiana como espejo para reflexionar sobre la situación costarricense. Explicó que, en Colombia, el multipartidismo surgió como respuesta al agotamiento del bipartidismo tradicional y se impulsaron reformas que facilitaron su implementación: flexibilización para inscribir partidos, doble vuelta en las elecciones presidenciales, creación del régimen de bancadas para facilitar la coordinación legislativa; y reglas para evitar que los diputados que alcanzan la curul abandonen o cambien de partido, sin consecuencias.
En Costa Rica, el histórico predominio bipartidista del PLN y el PUSC se rompió en las elecciones de 2014 cuando el PAC emergió como una tercera fuerza política relevante. Ante la creciente fragmentación, los expertos invitados al foro, el profesor catedrático Ronald Alfaro y el analista político Mario Quirós destacaron que el escenario pluripartidista no es el enemigo sino un síntoma de un modelo que requiere repensarse. Más partidos, más que una amenaza, implican nuevas voces y mayor representatividad; lo que empuja el sistema democrático.
Señalan que el problema no radica en la fragmentación, sino en la calidad de los partidos. Es fundamental preguntarse si estos ¿están construyendo confianza o vaciando de contenido la política? Los analistas advierten que la ciudadanía activa debe valorar si los partidos generan confianza, cuentan con legitimidad social y son capaces de asumir responsabilidad institucional para alcanzar acuerdos en beneficio de todos, para construir una democracia más representativa y eficaz.
Queda al Legislador diseñar las reglas que, en un marco pluripartidista, optimicen la función legislativa y consoliden un sistema democrático más ágil que responda a las necesidades de la gente.