Una propuesta de ley impulsada por el Partido Liberal Progresista (PLP) pretende la apertura y conversión del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
El proyecto, tramitado bajo el expediente 23.254, busca convertirla en una sociedad anónima de capital mixto (con accionarios público-privados) y que se autorice la venta del 49% del capital accionario de la institución.
La venta de dichas acciones será por medio de licitación pública y los fondos se utilizarán para pago de deuda del Estado.
El restante 51% de acciones quedará en manos del Estado, no obstante, se permite establecer un fondo de beneficios para los trabajadores por un máximo del 2% de sus acciones.
Los beneficios otorgados por medio de este fondo no serán parte del salario del trabajador, ni se prolongarán más allá de la relación laboral.
“La realidad actual de Fanal dista mucho de la intención con la que fue creada y por ende del valor público que tiene para el país, por el contrario, sus finanzas demuestran el enorme riesgo asumido por el Estado costarricense, inmerso además en una situación fiscal cada vez más alarmante”, justifica el texto de ley.
¿Y LOS TRABAJADORES?
El texto de ley señala que los trabajadores de Fanal que así lo deseen tendrán derecho a dar por terminada la relación laboral y se les reconocerán todos sus extremos laborales.
Por su parte, la nueva administración de Fanal estará facultada para “reorganizar” el recurso humano en la forma que resultare más eficiente para su gestión, por lo que, basada en un estudio técnico para ello, procederá a realizar la liquidación y el pago de las prestaciones legales de los funcionarios que deban ser cesados.
El pago de los extremos laborales deberá realizarse a más tardar 60 días después de la entrega de la carta de cese a los trabajadores.
Si se produjere un atraso en el pago de las liquidaciones a los trabajadores, por causas no imputables a ellos, el Estado deberá reconocerles el pago de los intereses correspondientes al periodo de atraso.
Del mismo modo, el Consejo de Gobierno podrá instruir el traslado de los funcionarios cesados a otras instituciones del Estado, preferiblemente a aquellas con oficinas en las cercanías de la comunidad de Grecia, en la provincia de Alajuela y sus alrededores.
En el caso de aquellos trabajadores a quienes les falten hasta 4 años para la jubilación, dicho traslado será obligatorio y de forma preferente.
FINANZAS
La Contraloría General de la República advirtió en el informe DFOE-SOS-IF-00006-2021, del 28 de octubre de 2021, sobre la grave condición económica de Fanal.
De acuerdo con los estados financieros de la institución, al 31 de diciembre de 2020 el saldo de los activos ascendió a ¢15.193 millones y el de los pasivos a ¢24.141 millones.
En cuanto al patrimonio se presentó un saldo negativo de ¢8.948 millones y una pérdida neta de ¢1.930 millones.
Por otra parte, el ente contralor identificó que Fanal dispone de una política de incobrabilidad que data de 2007, la cual se encuentra desactualizada porque se basa en una directriz emitida por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, derogada desde 2012. Además el saldo de la cuenta se calculó desde 2016 y no ha experimentado ningún tipo de variación hasta la fecha. El último dato sobre finanzas de Fanal lo emitió Ángel Jiménez, expresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, quien reportó al Consejo de Gobierno de Carlos Alvarado que la institución acumulaba una deuda por ¢21.800 millones y un patrimonio con saldo negativo de ¢8.948 millones.