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Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios para eliminar cinco normas de ejecución presupuestaria que limitan el acceso a recursos del Poder Judicial.
Así lo confirmó la legisladora Ángela Aguilar durante la audiencia de la Contraloría General de la República (CGR).
“Las 5 normas, donde hay un congelamiento de los recursos del Poder Judicial, presenté una moción para que se eliminen. También preparamos el documento para hacer la consulta ante la Sala Constitucional, para que sea analizado por las implicaciones tan fuertes que tendría con respecto al uso de los recursos”, indicó Aguilar.
Además, el ente contralor señaló que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, dichas normas serían inconstitucionales. Uno de los principales cuestionamientos corresponde a la norma que propone bloquear ¢30 mil millones asignados a ese poder de la República para 2027.
La liberación de esos recursos quedaría condicionada, entre otros requisitos, a la presentación de estados financieros auditados de un fideicomiso inmobiliario, al cumplimiento certificado de disposiciones de auditoría y a la intervención de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos y del plenario legislativo.
“La Sala Constitucional es la que ha señalado precisamente en su competencia los vicios de constitucionalidad de incluir normas de este tipo y ha señalado que no es competencia en la aplicación de la aprobación de un presupuesto incluir normativa que no esté relacionada directamente con el objeto del gasto o la reducción del gasto y con el condicionamiento del gasto dentro de la aprobación respectiva”, explicó Bernal Aragón, contralor interino.
Otras normas impiden trasladar recursos entre determinadas subpartidas y obligan a realizar esos movimientos mediante un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa.
Además, se imponen varios requisitos para los procesos de contratación de personal en más de 2.000 plazas que permanecen vacantes en el Poder Judicial.
“Condicionar el uso de los recursos en la fase de aprobación presenta un vicio de constitucionalidad, pues desvirtúa la autorización máxima del gasto que debe darse en un solo momento, convirtiendo el monto de gasto previamente autorizado en un límite incierto, generando inseguridad jurídica que no permite iniciar los procesos de contratación y, en general, la ejecución presupuestaria”, agregó Julissa Sáenz, gerente del área de fiscalización para el desarrollo de las finanzas públicas.
El Poder Judicial tendría un presupuesto de ¢531 mil millones, monto que ya incorpora una reducción de ¢10 mil millones respecto del presupuesto de 2026.