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Un grupo de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) llevó ante la Sala Constitucional una consulta facultativa contra cuatro normas incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, que establecen controles sobre la ejecución de recursos, movimientos presupuestarios y utilización de plazas del Poder Judicial.
La consulta cuestiona específicamente las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 del expediente 25.754, las cuales, según los legisladores firmantes, crean un mecanismo de control extraordinario sobre el Poder Judicial y, en algunos casos, también sobre la Defensoría de los Habitantes.
Uno de los principales cuestionamientos corresponde a la norma 9, que mantendría bloqueados cerca de ₡29.844 millones asignados al Poder Judicial hasta que se cumplan una serie de condiciones.
Entre ellas se encuentran certificaciones de la Contraloría General de la República y posteriormente la intervención de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público y del Plenario Legislativo para permitir la liberación de los recursos.
Los diputados consultan a la Sala IV si este mecanismo constituye una norma atípica y si otorga a órganos legislativos competencias para condicionar la utilización de recursos que ya fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial.
La norma 10 establece que los movimientos entre determinadas subpartidas presupuestarias del Poder Judicial y de la Defensoría deberán realizarse mediante un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con el procedimiento seguido por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los legisladores argumentan que las cuatro normas afectan directamente la organización y funcionamiento del Poder Judicial y, por esa razón, debieron ser consultadas formalmente a la Corte Suprema de Justicia antes de aprobarse el dictamen.
El proyecto de Presupuesto 2027 asigna al Poder Judicial ₡530.973 millones, una reducción de aproximadamente ₡10.552 millones frente al presupuesto actualizado de 2026.
A esa disminución se sumaría el bloqueo de ₡29.843 millones contemplado en la norma 9, por lo que la consulta calcula una afectación conjunta cercana a los ₡40.396 millones.