Los recursos administrados por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) no alcanzarían sus poblaciones objetivo, de acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
Esto debido a esto se corre el riesgo de que el banco preste plata a personas que supuestamente no están dentro de sus objetivos.
Lo que “podría generar la asignación de recursos a poblaciones no prioritarias, de acuerdo con las mayores necesidades de vivienda de la población objetivo definido por el Estado, y por ende no se puede garantizar la mayor satisfacción del interés público”, se lee en la auditoría.
De igual forma, el documento emitido por el ente contralor señala que el Banhvi no trabaja en apego a la política emitida por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
Tal como lo expone la auditoría, los proyectos de vivienda que recibe el Banhvi son aceptados y admitidos con solo que se cumplan los requisitos establecidos por el propio banco y estos no se orientan a la consecución de resultados para el desarrollo.
“El Banhvi no ha elaborado ni implementado mecanismos mediante los cuales dichos proyectos institucionales se alineen con la planificación institucional de corto, mediano y largo plazo, ni ha implementado criterios de priorización para atender a las poblaciones más vulnerables”, se lee en el informe.
FALTA DE OBJETIVOS
La auditoría indica también que los programas de vivienda y proyectos habitacionales financiados con recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) tienen un alcance limitado.
El Banhvi es la institución rectora de dicho sistema financiero y, por lo tanto, es la entidad encargada de la política por la que este se rige. Sin embargo, la auditoría determinó que “no se garantiza trazabilidad entre la estructura programática presupuestaria” establecida por el banco.
Asimismo, el documento emitido por la Contraloría señala que el Mivah no ha definido objetivos claros con respecto a sus proyectos habitacionales; es decir, no se sabe cuál es la transformación deseada ni qué se espera lograr a mediano y largo plazos.
El informe expresa que ni el ministerio ni el banco han implementado acciones orientadas a conocer a profundidad a la población objetivo, por lo que no se puede garantizar que sus proyectos habitacionales mejoren la vida de las personas.
YERROS EN BANHVI
La auditoría detalla que el Banhvi no cuenta con un inventario en que se vean las modalidades de vivienda, ni cómo estas se vinculan con los resultados esperados.
“Tampoco se ha definido una metodología que considere, entre otros, la mejora en la calidad de vida de las personas beneficiadas”, dice el documento.
De igual manera, el informe denuncia que la entidad bancaria no ha establecido la definición del valor público a alcanzar mediante la ejecución del proyecto, así como tampoco ha elaborado ni implementado mecanismos mediante los cuales dichos proyectos institucionales se alineen con la planificación institucional de corto, mediano y largo plazo.
Por último, el ente contralor señala que la rendición de cuentas del Banhvi no considera resultados de efecto e impacto ligado a las soluciones de vivienda de sus proyectos, ni se han elaborado “indicadores de eficiencia y eficacia” asociados a estos; es decir, el banco no mide qué tan efectivas son sus acciones.
MINISTERIO SIN CONTROL
De igual forma, la Contraloría encontró que el Mivah presenta serias debilidades como ente rector en la materia.
“Si bien se han realizado esfuerzos al dictar normativa que regula la definición de la población prioritaria del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, como la emisión de la directriz Nº.54-MP-MIVAH en el 2016 y el decreto Nº.43713-MP-MIVAH en el 2022, se evidenció un lento avance por parte del Banhvi en acatar dicha normativa”, expone el informe.
En otras palabras, el banco no hace caso y el ministerio hace poco al respecto. Igualmente, la auditoría indica que el Mivah ha tenido problemas a la hora de generar información estratégica para planificar cómo se usará el dinero del SFNV.
“Situación evidenciada mediante el poco aprovechamiento de la información contenida del Sistema de Priorización de Asentamientos Informales y el Sistema de Identificación de Necesidades de Vivienda, los cuales fueron establecidos desde hace más de 10 años como parte de la Política y Plan Nacional de Vivienda 2013-2030”, observa la Contraloría.