Plantear reforma al Código Procesal Penal duraría casi un año

El Poder Judicial de Costa Rica trazó una hoja de ruta para la modernización del sistema de justicia penal, estableciendo un plazo de entre 9 y 11 meses para presentar una propuesta de reforma integral al Código Procesal Penal ante la Corte Plena. 

Esta iniciativa, liderada por la Sala Tercera, busca actualizar una normativa que data de 1998 y que, tras casi tres décadas, enfrenta dificultades para responder a formas complejas de criminalidad como el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

El magistrado Gerardo Rubén Alfaro detalló que el proceso se divide en siete etapas diseñadas para garantizar un producto sólido y participativo. 

“Estamos esperando que el diagnóstico esté en dos meses… y traer un producto final a esta corte que estaríamos esperando esté aquí entre 9 y 11 meses, es decir, antes de un año tendríamos un producto para esta corte”, dijo Alfaro. 

La primera fase consiste en un diagnóstico integral de dos meses para identificar nudos críticos en la duración de procesos y medidas cautelares. 

Posteriormente, se dedicará un mes al estudio de derecho comparado y otro mes a definir el “modelo costarricense”, lo que significa que en un plazo de cuatro meses el país contaría con una definición clara del norte de la reforma.

Las fases posteriores incluyen dos meses para la redacción del anteproyecto, seguidos de dos meses de mesas técnicas de diálogo nacional con actores como el Ministerio Público, el Colegio de Abogados y asociaciones de víctimas. 

Finalmente, tras un mes de revisiones técnicas, el texto definitivo se presentaría a los magistrados de Corte Plena.

Según Alfaro, antes de que transcurra un año, la Corte tendrá en sus manos un producto terminado para su discusión legislativa.

A pesar del plazo establecido para la reforma profunda, la Sala Tercera aclaró que no se esperará un año para proponer cambios y se trabajará en una vía paralela de reformas puntuales de corto plazo que permitan agilizar los procesos actuales de manera inmediata. 

“Hay un proyecto de ley que sale de la Sala III, que la Corte secunda, y que está presentado en la Asamblea Legislativa desde; es un proyecto serio que plantea propuestas puntuales”, agregó. 

La reforma pretende no solo mejorar la eficiencia, sino también incorporar enfoques de género e interseccionalidad, asegurando que el nuevo Código sea capaz de resolver delitos sensibles, en plazos menores a un año.

Las 7 etapas de la reforma

• Diagnóstico integral (2 meses): Identificar problemas en la duración de procesos, medidas cautelares, prueba digital y gestión judicial.

• Estudio de derecho comparado (1 mes): Análisis de modelos de países como Chile, Colombia, Alemania, España y Estados Unidos, entre otros.

• Definición del modelo costarricense (1 mes): Responder preguntas fundamentales sobre el papel del juez de garantías, la oralidad y el uso de inteligencia artificial.

• Elaboración del anteproyecto (2 meses): Redacción del texto articulado con exposición de motivos e impacto presupuestario.

• Mesas técnicas nacionales (2 meses): Apertura a consulta con el Ministerio Público, OIJ, academia, Colegio de Abogados y asociaciones de víctimas.

• Revisión técnica (1 mes): Ajustes basados en los consensos de las mesas.

• Presentación institucional: Entrega del anteproyecto definitivo a la Corte Plena.