Inexistencia de reglamentar el cabildeo a los diputados y vacíos normativos sobre los efectos de la renuncia de un diputado a su fracción son solo dos ejemplos de los problemas reglamentarios que el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) encontró en su análisis sobre la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
El informe se dividió en cuatro dimensiones y cada una de ellas se subdividió en indicadores. Estos fueron: normativa, labor y gestión legislativa, presupuesto y gestión y participación ciudadana.
En cuanto a los temas normativos se identifica una serie de carencias que afectan la transparencia del Primer Poder de la República.
Entre estos se encuentran: inexistencia reglamentaria para el acceso a la información, incluyendo datos abiertos y calidad de los datos, falta de norma para la participación ciudadana, falta de obligatoriedad de reportar conflictos de intereses tanto para diputados como para funcionarios, obligatoriedad de los diputados de rendir informes de labores y publicidad de declaraciones patrimoniales.
También en este tema, el informe encuentra que, aunque en ciertas áreas existen normas de control son insuficientes. Estas son: publicidad, transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y ética parlamentaria.
LABOR Y GESTIÓN LEGISLATIVA
El ILTL también reclama varias dificultades en la labor legislativa como la opacidad en las reuniones de los parlamentarios. Esto, según el informe, es consecuencia de la no existencia de una regulación sobre el cabildeo o el lobby.
Adicionalmente, se cuestionan problemas en la participación ciudadana, publicación de documentos, uso de motores de búsqueda, entre otros.
En temas administrativos se identificaron inconvenientes de publicidad en los concursos de plazas y contrataciones, así como de los salarios y otras remuneraciones de los diputados y el perfil de los asesores legislativos.
También, se critica la falta de un mecanismo de seguimiento real de las solicitudes de información como el número de seguimiento de la consulta, la no transmisión de todos los eventos de la Asamblea y la no existencia, en los sistemas de búsqueda, de datos cómo comisiones y grupos legislativos, legisladores(as), proyectos de ley, votaciones y peticiones de información.
CONGRESO SIGUE ENTRE LOS LÍDERES
A pesar de la caída en los indicadores en términos de transparencia el Congreso costarricense se ubica como el cuarto más transparente de la región con una calificación global de 50,74%. Por encima de él están: Chile que es el líder de la región con una calificación de 63,03%, Perú con 59,51% y México con 51,63%.
En cuanto a la posición por cada una de las dimensiones, Costa Rica ocupa el primer lugar en transparencia de toda Latinoamérica en presupuesto y gestión administrativa y el tercer lugar en transparencia en labor del Congreso.
Pero esos buenos números se caen en temas de normatividad, donde se encuentra en sexto lugar, superado por Perú, Panamá, Ecuador, Paraguay y Guatemala. Y el peor de los rubros es el de participación ciudadana, ubicándose en el noveno puesto entre 14 países.
CIUDADANOS TAMBIÉN CRITICAN AL CONGRESO
No solo el Índice cuestiona la labor del Parlamento costarricense, sino la ciudadanía que se ha posicionado también como muy crítica a la labor de este Poder de la República.
Según el estudio de la Percepción sobre los aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, los ciudadanos califican mal la labor y gestión del Parlamento en comparación con los otros Poderes de la República.
Sobre la valoración a la labor realizada por las instituciones públicas, el Tribunal Supremo de Elecciones obtiene la mayor calificación (7,38), seguido por el Poder Ejecutivo (6,64), el Poder Judicial (6,42) y el Poder Legislativo (5,63). En comparación con la medición de marzo de 2023, el Poder Legislativo y Judicial obtienen una mayor calificación por parte de las personas encuestadas.
¿QUIÉNES REALIZARON EL ÍNDICE?
El ILTL fue elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. En Costa Rica lo coordina la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta.
Esta asociación se alió para este informe con las organizaciones Abriendo Datos Costa Rica, Costa Rica Íntegra y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión.