
Los diputados oficialistas reconocieron que el proyecto de ley para la protección del consumidor financiero requiere ajustes en su redacción, aunque lo dictaminaron afirmativamente en la Comisión de Asuntos Económicos.
“Hay que hacerle algunas modificaciones a este proyecto. Espero que avance y que podamos presentar un texto sustitutivo en el Plenario para incorporar las correcciones necesarias. Se requiere una legislación muy específica y un fortalecimiento del Ministerio de Economía para que sea un brazo ejecutor y un aliado del consumidor financiero”, indicó Antonio Barzuna, legislador del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Entre los principales cuestionamientos planteados por la oposición figura la separación de funciones, donde la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se encargaría de supervisar la solvencia de las instituciones financieras y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) asumiría la relación con los consumidores.
“No podemos duplicar estructuras ni debilitar capacidades técnicas que el país ha tardado décadas en desarrollar. Este proyecto traslada funciones altamente especializadas a una institución que actualmente no posee la estructura técnica para ejercerlas”, expuso Janice Sandí, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
Stephan Brunner aclaró que la defensa del consumidor no forma parte de las potestades de la Sugef, por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló la existencia de un vacío en la legislación nacional. Además, indicó que podría generarse un conflicto de intereses dentro de la superintendencia. “Ellos están enfocados en que la entidad no quiebre y mantenga su solvencia, pero a raíz de eso no se fijan en si los contratos de crédito están bien elaborados o si traen toda la información que el deudor necesita”, comentó Brunner.
Otro de los puntos en discusión es el acceso a datos financieros de los usuarios por parte de los registros del MEIC.
“Sus datos financieros privados pasarían de manos de un ente técnico e independiente a manos de políticos. Esto abre una puerta muy peligrosa”, denunció Sandí.
Brunner coincidió en que ese artículo debe revisarse, debido a que la información de los consumidores resulta innecesaria para resolver las denuncias que puedan presentarse.
Principales cambios
• Separar la regulación en dos pilares: supervisión de solvencia (Sugef) y supervisión de conducta hacia el consumidor (MEIC).
• Fortalece la Comisión Nacional del Consumidor como un tribunal administrativo especializado y de desconcentración máxima.
• Consumidores contarían con 10 días para cancelar un contrato recién adquirido.
• Suministrar información en lenguaje sencillo, clara y veraz sobre costos totales, tasas de interés y comisiones.
• Los proveedores deben implementar medidas de seguridad contra fraudes y estafas digitales.
• MEIC podrá imponer multas basadas en patrimonio, al igual que suspender operaciones de la entidad.
• Bancos de datos sobre comportamiento crediticio de los consumidores deberán registrarse ante el ministerio.
Fuente: Expediente 24.616
Janice Sandi
Diputada PLN
“Costa Rica necesita fortalecer la protección financiera de las personas, pero debe hacerlo sobre bases técnicas sólidas aprovechando las capacidades existentes evitando duplicidades innecesarias y garantizando una estructura institucional sostenible”.
Stephan Brunner
Diputado PPSO
“Con restringirlo a lo que son préstamos ya ellos están tranquilos porque no se les va a quitar ninguna potestad a las tres superintendencias realmente. Tampoco se le quita una potestad a la Sugef porque este trabajo de defensa del consumidor en este momento no lo está realizando”.

