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Este martes el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa la “Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus personas servidoras”.
Dentro de la exposición de motivos se plantea que la entidad requiere una “reestructuración inmediata de la operación total”, para lo cual propone una reducción del 70% al 80% de la planilla.
En la actualidad Japdeva tiene una planilla de 1.186 funcionarios, quienes representan una erogación promedio en salarios por el orden de ¢2.500 millones por mes.
La reducción, en caso de aprobarse el proyecto, representaría una salida de 830 a 950 colaboradores mediante una serie de alternativas voluntarias propuestas en el documento.
“De modo que para garantizar su sostenibilidad financiera, es necesario hacer una reestructuración inmediata de la operación total de la institución, a fin de alcanzar el punto de equilibrio que permita mantener el funcionamiento adecuado de servicios brindados por Japdeva al grupo de importadores y exportadores de productos atendidos en sus muelles, así como el servicio ofrecido a los buques de cruceros que generan ingresos no sólo a Japdeva sino para artesanos locales, comerciantes, transportistas turísticos y la población de Limón”, se detalla.
PELIGRAN PAGOS
Además de esto el expediente 21.426 establece que deben revisarse los costos operativos y reenfocar la habilitación de los servicios prestados por Japdeva.
Se señala que la entidad portuaria podrá contratar servicios externos que puedan constituirse por cooperativas de habitantes limonenses, extrabajadores de la instancia y del establecimiento de alianzas público-privadas para la operación.
El proyecto fue firmado por Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República, así como por los ministros Rodolfo Méndez, del MOPT; María del Rocío Aguilar, de Hacienda; y Steven Núñez, de Trabajo.
De acuerdo con el texto, con la entrada en operaciones de la Terminal de Contendores de Moín (TCM), administrada por la empresa APM Terminals, Japdeva tiene una disminución del 79,3% de sus ingresos.
Tras análisis realizados por la entidad portuaria, “a partir de la segunda quincena de mayo, la institución tendrá incapacidad de pago de la planilla e insuficiencia para cubrir la totalidad de las obligaciones para la operación regular.
Lo anterior provocado por la caída de ingresos ante la reducción de los servicios en el primer trimestre de 2019, alcanzando en abril apenas un 20,7% del total de ingresos proyectados”.
ACUERDO SIGUE PESE A RECHAZO
La iniciativa incluye lo establecido en el “Acuerdo entre Sintrajap, autoridades de Japdeva y de Gobierno sobre la situación actual de Japdeva”, donde se establecen tres opciones voluntarias entre las cuales deberán escoger los interesados en dejar la entidad.
Estas son el pago de una prejubilación, traslados horizontales a instituciones de la administración central y descentralizada o el pago de un incentivo adicional por la transformación.
Este acuerdo se firmó el viernes anterior y hubo un malestar generalizado por los trabajadores externado el lunes porque no se les consultó previamente.
Tras ello la junta directiva de Sintrajap acordó este martes en la mañana dejar sin efecto el documento firmado en las instalaciones del Ministerio de Trabajo en San José, pero las autoridades del Poder Ejecutivo rechazaron dicha posibilidad y siguieron pese al rechazo de funcionarios de Japdeva.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, dijo que el gobierno sí respeta el acuerdo bilateral alcanzado y continuará adelante con base en lo que se discutió.
Adujo que el diálogo fue amplio y serio, consideró todas las razones de las partes para transformar la institución.
“El gobierno continúa con lo que fue acordado y se presentará el proyecto de ley hoy mismo (ayer) con los tres elementos que fueron discutidos”, reafirmó Centeno.
Cuando se le preguntó si se podrá hacer algún ajuste al proyecto durante el proceso de discusión, la jerarca de Japdeva respondió que “no se contempla ningún cambio y el gobierno va a honrar lo acordado”.
Detalló que la iniciativa procura la protección de los trabajadores, por lo cual los instó leer el texto con detenimiento y a acercarse para esclarecer las dudas.
Apuntó que la situación de la entidad es crítica y el Estado le inyecta fondos para operar.
“Ellos nos están inyectando fondos para poder operar porque estamos en una situación crítica y esto es parte que nos hace mover este acuerdo y respetarlo porque no tenemos tiempo. Esto es un esfuerzo que hace el Estado que supera los ¢30.000 millones”.
Antonio Wells, secretario general de Sintrajap , comentó que lo existente entre las dos partes es un compromiso.
Acotó que puede hacerse cambios al proyecto de ley vía mociones en la Asamblea Legislativa cuando entre en comisión.
Indicó que las bases exigieron ajustes en lo correspondiente al pago de incentivos y en el tema de la prejubilación.
“Lo que hay es un compromiso para el proyecto de ley. Ella (Centeno) puede decir misa porque eso es la realidad, es un compromiso de proyecto de ley. Yo soy el representante de los trabajadores y la máxima autoridad no está en la Asamblea, estoy comunicando lo que me dijeron las bases.
Es un compromiso para un proyecto de ley, que no se enrede con esto”, aseveró.
Wells comentó que habló con el ministro de Trabajo, quien le indicó que se le podrán hacer cambios al texto vía mociones.
Le consultamos su opinión a lo dicho por Centeno y respondió: “Irresponsable de parte de ella que esté diciendo eso porque es un compromiso de proyecto de ley que no está escrito en piedra”.
Debido a la salida de operaciones en la zona del muelle de TCM a causa de una falla eléctrica, Japdeva desde el 21 hasta el 31 de mayo atiende barcos en Moín, Limón y Alemán.