Mitad del país no cuenta con sectorización de tierras
Aparte de que 41 de los 84 cantones no cuentan con un plan regulador, hay otra preocupación que enciende las alarmas de las autoridades, ya que algunos tienen más de 40 años sin actualizarse. Ese es el caso de Coto Brus, cuya iniciativa data de 1981.
Lo anterior afecta la construcción de casas, comercios, carreteras y demás infraestructura, al tener que ajustarse a un escenario que cambió con el tiempo.
Otros afectados son Corredores y Puntarenas, cuyos instrumentos de planificación fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta hace 43 años. Similar ocurre con Liberia y Nicoya, que datan de hace 42.
En contraposición, uno de los cantones con el más actualizado es el central de San José, en diciembre de 2023.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) es el ente regulador de estos documentos, no obstante, muchos gobiernos locales presentan atrasos en su elaboración, o bien, ni siquiera han comenzado a proyectar las edificaciones.
Actualización constante
El coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, Jonathan Agüero, explicó a Diario Extra que estos instrumentos requieren de una constante actualización, aunque a nivel nacional muchos de ellos acumulan varias décadas.
“Deberían estar vigentes cinco o diez años máximo y se tienen que estar actualizando porque las ciudades, los cantones y la tecnología cambian. Imagínense, cómo vamos a pensar que un ordenamiento urbano construido cuando ni siquiera existía el internet nos puede resolver los problemas de trabajo remoto”, expresó.
Según el experto, la importancia de contar con una sectorización actualizada permite que los vecinos del cantón cuenten con mayores facilidades para movilizarse o se desarrolle la actividad agrónoma con mayor seguridad.
“Estos cantones no tienen una división clara, entonces hay todo tipo de problemas, por ejemplo, entre el uso agropecuario y el urbano, donde hay una zona residencial muy cerca de una zona agrícola o inclusive se crean pequeños poblados dentro justamente de esta última sin ninguna planificación y después tenemos problemas de que se fumiga muy cerca de las escuelas”, ejemplificó.
Sin sectorización
Otra de las grandes problemáticas con respecto a dicho tema es que existen 43 cantones que nunca han establecido los límites de uso en sus territorios, es decir, nunca se han delimitado zonas.
De acuerdo con los datos del INVU, la provincia más afectada con esto es Alajuela, ya que un 73% de su territorio no cuenta con esta documentación, mientras que los vigentes tienen más de una década de haberse actualizado.
“Si bien son una herramienta técnica compleja, la base del plan regulador es el mapa de zonificación donde definimos, como su nombre lo indica, los lugares donde se pueden realizar diferentes actividades.
Tradicionalmente tenemos residencial, que es donde están la mayoría de las residencias concentradas, hay partes comerciales, agropecuarias, industriales e incluso hay zonas de conservación de los recursos naturales”, comentó Agüero.
Al no contar con este instrumento, los gobiernos locales deben recurrir a la improvisación en temas de construcción, además de que, según el experto, no se cuenta con algo para actuar en casos de emergencia.
“Dentro se incluye el reglamento de renovación urbana, que es para hacer renovaciones en algunas partes de la ciudad, por ejemplo, ayudar a sacar a la gente de zonas de riesgo y poder localizarlas en seguras o para revitalizar algunas secciones de la ciudad”, especificó.
Autonomía municipal
Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas busca que los procesos de creación de esta sectorización se vuelvan más ágiles, lo que permitiría que no se tarden años en concretarlos.
Actualmente el tema se encuentra normado mediante la Ley de Planificación Urbana Nº 4.240, creada en 1968, razón por la cual el legislador busca reformarla a la nueva realidad nacional.
“Es una ley que va a cumplir 60 años y está más que superada porque en la Costa Rica de los años setenta era cuando yo, por ejemplo, vivía en una casa donde la parte posterior era un cafetal, entonces sí tiene bastantes cosas por mejorarse, entre ellas la institucionalidad que dicta o regula estos procesos”, mencionó Vargas a este medio.
Según Vargas, el INVU debería tener un rol consultivo, en el que genere criterios no vinculantes sobre los planes de sectorización municipales, ya que actualmente se ha convertido en un “cuello de botella” de la documentación.
“Con la reforma tomarían un rol más con plazos definidos, en dos meses deberán tener respuestas para las municipalidades, es decir, seguirá siendo el ente rector y llevarán el proceso junto a los gobiernos locales, pero sus revisiones tendrán plazos definidos porque, soy honesto, hay planes reguladores que han durado dos años en una gaveta”, alegó.
INVU en contra
La jefa del Departamento de Urbanismo del INVU, Hilda Carvajal, explicó que no ven con buenos ojos el texto de ley, ya que representa un debilitamiento para la institución.
“Por nuestra ley orgánica a nosotros nos compete elaborar, asesorar y acompañar a los gobiernos municipales, los cuales tienen la responsabilidad primaria de elaborar sus instrumentos de planificación local y nosotros, como ente técnico, nos corresponde la revisión y aprobación de los mismos para que exista una correspondencia en materia nacional y proyectos de escala superior a la índole local”, indicó.
Actualmente la iniciativa se encuentra en corriente legislativa y cuenta con el visto bueno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
