Funcionarios de cinco instituciones públicas son sospechosos de participar en la formulación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca, de tal forma que quedara a medida para el desarrollo de proyectos urbanísticos y de turismo dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Por tal motivo, las fiscalías Anticorrupción y Ambiental realizaron 26 allanamientos en el Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y Municipalidad de Talamanca.
Las pesquisas se llevaron a cabo en sedes de esas instituciones en Limón, Talamanca, Santo Domingo de Heredia, Curridabat, Montes de Oca y San José, así como en 12 viviendas, entre ellas la de Rugeli Morales, alcalde de Talamanca.
Las autoridades judiciales buscaron pruebas de los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.
“De acuerdo con la línea investigativa, se dieron algunos beneficios a intereses privados para hacer una explotación turística de ciertos lugares, en los cuales se destruyeron humedales y también se hizo una tala ilegal”, manifestó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según las fiscalías, el plan regulador fue elaborado vulnerando la normativa nacional e internacional para la protección del medioambiente, con lo que se afectó el Refugio Gandoca-Manzanillo.
Esto se habría hecho tras un acuerdo entre empresarios de la zona y funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones, lo que se investiga en el expediente 23-000250-1218-PE.
“El plan regulador tiene varias falencias que podrían favorecer eventualmente a ciertos grupos de interés particular privados, lo que conllevaría a un menoscabo, a un deterioro de la flora y la fauna de este cantón, siendo que tenía el visto bueno de varias instituciones públicas y parte de lo que se está realizando es determinar la participación de ciertos funcionarios”, amplió.
Zúñiga indicó que la investigación nació hace varios meses, producto de varias denuncias sobre concesiones que se habrían dado de manera irregular dentro de los límites del refugio.
El Ministerio Público decomisó, entre otros elementos, celulares de funcionarios y computadoras, con el fin de recabar mensajes y correos electrónicos.
RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES
Aclac, Sinac, Setena, INVU e ICT enviaron un comunicado conjunto, en el que aseguran “su total disposición para colaborar con las autoridades judiciales en el marco de las diligencias que están realizando”, a la vez que reafirman “su compromiso con la transparencia y la legalidad”.
Sin embargo, indicaron que no emitirán comentarios adicionales al respecto, a pesar de que “respetan plenamente el proceso de investigación en curso”.
De igual forma, resaltaron que los servicios de atención al público y funcionamiento continúan ofreciéndose con total normalidad, salvo las unidades intervenidas: Urbanismo en el INVU, Secretaría de Actas y Departamento de Planeamiento y Desarrollo en Sinac, Setena e ICT.
“La prioridad es el bienestar de nuestras personas usuarias y el resguardo de la institucionalidad”, se lee en el comunicado.
DIARIO EXTRA intentó conversar con el alcalde Rugeli Morales, no obstante, al cierre de edición no recibimos respuesta.
La Municipalidad de Talamanca solo comunicó que “se encuentra comprometida en la transparencia y las autoridades judiciales siempre contarán con nuestra colaboración en las investigaciones que se estén realizando”.
SITIOS ALLANADOS
•Municipalidad de Talamanca: 11 oficinas
•Oficinas centrales de Setena en San José
•Oficina Regional Área de Conservación La Amistad Caribe, Limón
•Oficinas centrales del Instituto Costarricense de Turismo
•Centro Operativo Manzanillo, Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Limón
•Oficinas centrales de Sinac en Heredia
•Centro Informativo Puerto Vargas, Parque Nacional Cahuita (Aclac-Sinac)
•Oficina del Área de Conservación La Amistad Caribe Subregional de Limón
•Dirección General del Sinac, Santo Domingo, Heredia: dos oficinas
•Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Departamento de Urbanismo, en San José: cinco oficinas
•Dos empresas consultoras: Zapote y Curridabat
•Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica y Comisión Plenaria, en San José: tres oficinas
•Oficina de funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe
•12 casas de habitación: alcalde de Talamanca, cuatro exfuncionarios de la Municipalidad, un trabajador del municipio, dos empresarios, dos exfuncionarios del Aclac, un empleado del Aclac y un exdirector del Sinac
FALLO DE SALA IV
En 2019, a través de la sentencia No.2019-012745, la Sala Constitucional derogó la Ley 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, la cual pretendía que quedaran registrados terrenos privados dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.
De igual forma, el alto tribunal ordenó al Sinac delimitar 188 hectáreas de bosque en fincas privadas, con el fin de que vuelvan a ser patrimonio natural del Estado, disposición que no ha sido cumplida, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.
TALA EN FINCA
En mayo vecinos de Manzanillo denunciaron la presunta tala ilegal de decenas de árboles en una finca privada dentro del refugio.
Semanas después el Ministerio Público allanó la propiedad, así como el municipio de Talamanca y oficias del Sinac, en busca de pruebas del delito de cambio de uso de suelo en zona boscosa.
Por ese caso se detuvo a un empresario de apellidos Pacheco Dent, así como a cuatro funcionarios, quienes quedaron sin medidas cautelares.
ORDEN A INDER
La Procuraduría General de la República mandó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) que recupere 137 terrenos en manos privadas que fueron entregados por la institución en la década de 1990, a través del fraccionamiento de la finca del Estado 39050, ubicada dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.
El Inder envió una consulta a la Sala IV para saber si debía cumplir la orden del abogado del Estado, ya que el fallo de dicho tribunal de 2019 dictaminaba devolver la situación en el área protegida a su estado previo a 2014, cuando se aprobó la Ley 9223.
PIDEN ACCIONES
Kattia Cambronero
Diputada Partido Liberal Progresista
“Luego de que el presidente de la República y el ministro de Ambiente trataran de simplificar y descalificar las denuncias en relación con la tala que se dio en Gandoca-Manzanillo nos damos cuenta que el hecho fue grave y hay un incumplimiento de labores por parte de los funcionarios públicos, pero a la vez posiblemente algún tráfico de influencias en relación con la autorización de esas talas y además de la eliminación de humedales”.
Marco Levy
Ambientalista
“Hay un acto de presunta corrupción en el Ministerio del Ambiente y Energía, que al emitir la directriz 09-2023 favoreció la implementación del plan regulador sobre sitios de anidación de tortugas marinas, bosques que tenían 39 años de conservación, manglares y humedades. Esto ha generado una serie de situaciones complejas con gran impacto ambiental. La directriz impide que los funcionarios cumplan con su deber y no les permite modificar actos irregulares que se dieron desde 2017, cuando se emitió una declaratoria de patrimonio natural del Estado equivocada por parte de un ingeniero del Aclac, cuando aún se encontraba en trámite y discusión ante la Sala Constitucional la legalidad de la Ley 9223. Es decir, desde 2017 el Sinac implementó y puso en práctica la Ley 9223, que fue derogada en 2019, con ello se abrieron al comercio el refugio y los territorios que se ubican dentro de este. En este momento el refugio es desarrollado por un montón de empresarios inmobiliarios a vista y paciencia, y con el pleno consentimiento, del ministro de Ambiente”.