El plan para extender la vida útil de los buses se empantana en la Asamblea Legislativa. Pasan los días, volvieron los diputados a sesionar y cada vez resulta más difícil sacar este proyecto del Poder Ejecutivo.
La legislación costarricense establece un plazo de 15 años como vida útil en los autobuses, sin embargo, tras la pandemia los empresarios más pequeños de zonas rurales enfrentaron dificultades para sustituir la flotilla.
La intención del Gobierno fue ampliar por dos años esa antigüedad en una única ocasión para que los empresarios hicieran las sustituciones de las unidades, pero no se logró ningún acuerdo.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, indicó que el plazo límite para el proyecto de ley era diciembre, por lo cual la decisión recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda.
Díaz manifestó que actualmente se está en conversaciones para valorar las diferentes alternativas dentro de las competencias del Poder Ejecutivo en cuanto al desarrollo de propuestas.
“El proyecto de ley continúa ahí porque en algún momento se habló inclusive con el Frente Amplio por una moción con un plazo, que inicialmente de parte del Gobierno eran dos años, pero el FA en su momento dijo que no estaba dispuesto a que eso fuera así.
Entonces se estaba hablando la posibilidad a un año, pero no se ha dado ningún acuerdo al respecto. Entonces estamos a la espera de las decisiones directamente del MOPT y en su caso obviamente del Consejo de Transporte Público, quien tiene la potestad en este momento de tomar una línea en ese sentido. Estamos a la espera”, explicó Díaz.
AVANCE DE CONVENIOS
Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, mencionó que avanzan las conversaciones para valorar la compra de buses al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante convenios.
Amador reconoció que el principal problema se presenta por la restricción principal de endeudamiento del país y la garantía soberana en la cual ahora no se puede pedir prestado.
El ministro dijo que se está buscando una solución construida con fideicomiso, fondo de desarrollo inmobiliario y otras figuras financieras que no requieran dicha garantía soberana ni endeudar al país.
“Que sean a través de la banca del Estado y que esa banca del Estado pueda acceder a los fondos blandos de la Unión Europea y otros entes que son de tasa de interés más blanda, y con eso traer autobuses, así que la idea no se abandona.
Tenemos que entender claramente por qué no se abandona. Porque si los buses le pertenecen al Estado y el Estado los da en arriendo, el Estado puede garantizar que esos buses cumplen con todas las normativas que tienen buena condición, que son mantenidos en condiciones idóneas y en situaciones emergentes donde en una ruta abandonada el Estado puede entrar con esos buses a operar”, precisó Amador.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Transportistas, cerca de 290 unidades se vieron afectadas con el vencimiento de su vida útil el pasado 31 de diciembre.