La mayoría de la Corte Plena aprobó un informe el cual señala que el proyecto de reforma para la prisión preventiva afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Así lo explicó la magistrada Patricia Vargas durante la exposición del análisis de la iniciativa legislativa, bajo el expediente 23.986, y que contó con el apoyo de 18 integrantes de la Corte.
“Entendemos que una propuesta de este tipo por supuesto que implica al Poder Judicial, destinar más recursos humanos y materiales para poder sacar adelante la tarea (…), así como servicios que puede brindar el Organismo de Investigación Judicial con la custodia de personas y el espacio disponible”, dijo.
Asimismo, manifestó que la afectación al Poder Judicial también está relacionada con que el proyecto no contempla que se destinen más recursos para atender la reforma, ante una mayor demanda de la medida cautelar de la prisión preventiva.
Debido a este criterio de la Corte Plena, la propuesta requiere de una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, es decir, el apoyo de 38 diputados.
Sin embargo, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados Luis Guillermo Rivas y Roxana Chacón se apartaron del criterio del informe presentado.
“Yo sí creo que no podemos cerrar los ojos ante una ola de violencia tan importante que vive el país y en los momentos que atravesamos. Creo que las facultades que los legisladores quieren darles a los jueces para hacer un análisis de prisión preventiva son fundamentales”, externó Chacón.
La iniciativa de ley de prisión preventiva ha tenido un camino largo para su aprobación y tras el criterio de la Corte volverá al Congreso para su votación en primer debate.
¿QUÉ BUSCA LA PROPUESTA?
El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado siempre que concurran las siguientes circunstancias:
-Exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad.
-Cuando la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo.
-Esta iniciativa fue parte de los 10 proyectos consensuados por los presidentes de los Supremos Poderes y es considerada por la Fiscalía General como la más urgente.