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El Gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 con ambiciosas metas sociales, pero una auditoría técnica independiente de la Universidad Nacional (UNA) le otorgó una calificación de “solidez media” (69/100) al señalar que el documento carece de evidencia sobre cómo se lograrán las metas prometidas.
El plan, presentado por la presidenta Laura Fernández y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), establece la hoja de ruta de la política pública e inversión para el periodo 2027-2030. Entre los principales compromisos anunciados destacan:
Aunque la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS-UNA) reconoce que el plan es coherente, claro y cuenta con un diagnóstico riguroso liderado por Mideplan, determinó que las 169 intervenciones públicas no muestran una estrategia causal integrada que garantice el cumplimiento de las metas.
De las ocho metas nacionales trazadas por el Ejecutivo:
El informe de la UNA también encendió alarmas sobre vacíos en la distribución territorial y la inclusión social:
Según el analista de la EPPS-UNA, Carlos Ulate, el éxito del plan dependerá del seguimiento de Mideplan, de la priorización de acciones y de la capacidad de coordinar con los gobiernos locales.
Entre sus recomendaciones, la UNA urgió a hacer públicas las metas sectoriales completas e implementar pruebas de calidad desde el primer año de gestión.