La discusión que siguen los diputados para la aprobación del plan fiscal también involucra a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El proyecto de ley pretende que se deroguen los artículos 235 y 243 de la Ley No.8764, Ley General de Migración y Extranjería.
El 235 trata específicamente de los recursos del “Fondo Especial de Migración y que son destinados a cubrir los gastos corrientes y de capital de la Dirección General de Migración y Extranjería en forma adicional al presupuesto ordinario y extraordinario otorgado por el Ministerio de Hacienda”.
Mientras que el 243 se refiere a los recursos del “Fondo Social Migratorio, correspondiente a la Dirección General, serán destinados a cubrir los gastos corrientes y de capital de la Dirección General de Migración y Extranjería en forma adicional al presupuesto ordinario y extraordinario otorgado por el Ministerio de Hacienda, para el desarrollo de los principios rectores de la presente ley”.
Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería, explicó que analizan el impacto que esto pueda tener sobre la DGME. “Hay que tomar previsiones a nivel presupuestario para cubrir los proyectos que ya tienen recursos comprometidos dentro de los fideicomisos”, declaró.
De hecho, varios diputados presentaron una moción de fondo para que se incluyera en el texto sustitutivo la derogatoria de ambos artículos.
No obstante, el frenteamplista José María Villalta también presentó otra moción, pero para que se elimine del texto sustitutivo el artículo 35, que trata de la derogatoria en el expediente 20.580.
Sin embargo para Gerardo Mora, de la seccional ANEP-Migración, esto simple y sencillamente es una pérdida para Migración.
“Primero porque sin el Fondo Especial se verían afectadas las labores policiales, en tanto en el Fondo Social se verán afectados los centros de atención, los programas que maneja la Dirección de Integración, lo que quiere decir que al derogar estos dos artículos los dineros irán directo a Hacienda”, comentó.
Es una directriz gubernamental la que señala la disposición de la derogación y Vargas tendrá que decidir si se opone o no a sus superiores, de acuerdo al análisis que hagan.