La Asamblea Legislativa avanzó en un nuevo texto sustitutivo para reducir el impuesto único en los combustibles.
El acuerdo entre diputados permitió que se aprobara un nuevo texto que plantea una rebaja al impuesto de los combustibles de ¢100 para la gasolina regular y súper, así como el diésel.
Del mismo modo, se exoneraría del pago del impuesto único a los combustibles a los concesionarios y permisionarios de transporte público: autobús, taxis y cabotajes (ferry), regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La medida aplicaría también para contribuyentes que se dediquen a las actividades agropecuarias que se encuentren registrados ante la Dirección General de Tributación.
Las exenciones tendrían una vigencia de seis meses a partir de la publicación de la ley y la medida podría ser prorrogable por un único plazo igual de seis meses.
Pasado dicho tiempo, la Dirección General de Hacienda realizará un análisis de las tarifas para determinar vía Decreto Ejecutivo su continuidad por el periodo restante.
En caso de que las revisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) presenten una reducción, el Poder Ejecutivo podrá ajustar el impuesto a la baja en la misma proporción.
“Es urgente realizar los ajustes que sean necesarios para cuidar el bolsillo de todos los costarricenses. Les debemos un salvavidas al millón de personas que se trasladan de sus hogares al trabajo o al centro de estudios por medio del transporte público”, dijo el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Erwen Masís.
“Esta medida se la debemos al sector agrícola que ve encarecido sus procesos y en consecuencia sus productos; se lo debemos a todos los que están viendo cómo ya no les alcanza”, agregó.
“Sabemos lo que significa para los costarricenses el aumento en el precio de los combustibles y el aumento en los bolsillos. Acogimos la propuesta de rebajar ¢100 a la tarifa de combustibles, tanto en gasolina como en diésel, además de congelar el impuesto hasta por 12 meses, para que el beneficiado sea el usuario”, añadió la legisladora de Liberación Nacional (PLN) María José Corrales.
Otro punto contemplado dentro del nuevo texto de ley es que el Poder Ejecutivo tendrá la obligación de realizar rebajas del gasto público y las demás medidas compensatorias, para reducir cualquier impacto de la reducción sobre el déficit financiero del Gobierno Central.
El texto sustitutivo aprobado será enviado a consulta a la Cruz Roja, municipalidades, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Aresep.
Asimismo, se pedirá criterio del nuevo texto de ley a la Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Hacienda, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) y el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
Una vez que la Asamblea Legislativa reciba los criterios de dichas instituciones, el Plenario podrá avanzar en la discusión del expediente.
En caso de ser aprobado en dos debates, pasará al Poder Ejecutivo para convertirse en Ley de la República.