Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Veintiún diputados presentaron una consulta facultativa ante los magistrados sobre el expediente 22.834, el cual busca que el Estado pueda confiscar o congelar bienes cuando existan dudas sobre el “incremento de patrimonio sin causa aparente”.
El texto fue aprobado el pasado 31 de marzo; sin embargo, no había sido consultado con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio de Hacienda y otras instituciones del Estado.
Con los respectivos criterios, la propuesta debía pasar ayer a votación en segundo debate; no obstante, la presentación de la consulta frenó su avance por al menos un mes.
Los diputados que realizaron el trámite pertenecen al oficialismo, Nueva República (NR), Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
Dicha propuesta, según los legisladores, podría ser inconstitucional. Incluso, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) afirmó que “atenta contra las garantías de la ciudadanía”.
Además, aseguran que violenta la propiedad privada y el derecho de defensa.
Incluso permitiría al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin necesidad de una denuncia formal ni la presentación de pruebas suficientes. Como si no fuera poco, consideran que, durante el trámite del proyecto, hubo vicios de procedimiento: no se dio espacio a los diputados para esgrimir argumentos en contra, se incluyó de forma indebida en la agenda parlamentaria y se violaron los principios de racionalidad y proporcionalidad. “Estamos ante una violación de grado constitucional, y con ello, una vulneración de los derechos fundamentales de quien reclame. Toda alegación fuera de esta dimensión constitucional debe ser analizada ante las instancias procesales que en su momento correspondan”, sostienen. “La justicia está llena de inocentes acusados y donde los jueces fallan. Ya la ley establece persecución, y aquí se están generando medidas anticipadas. Estos proyectos limitan la libertad de las personas, que eventualmente no podrían ser culpables solo por el aumento de su capital. Si no saben de dónde viene su capital, lo van a perseguir”, señaló previamente el liberal Gilberto Campos.