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La Corte Plena volvió a estudiar el proyecto de ley para regular el lobby en la función pública, impulsado por la socialcristiana María Inés Solís. Tras el análisis los magistrados determinaron que la iniciativa ya no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
¿La razón? Solís explicó que al expediente 21.346 se le presentó un texto sustitutivo, donde se hacen cambios en el apartado de sanciones.
“En relación con el primer texto presentado y la diferencia que tiene al texto sustitutivo actual se reformó el artículo 20 y 21, que habla del procedimiento sancionatorio.
Como la Corte tiene una normativa interna que regula régimen disciplinario, entonces se puso en este nuevo texto una aclaración que señala que como será el procedimiento sin perjuicio a la normativa especial que lo regule, entonces de esta manera con la Ley Orgánica del Poder Judicial ellos pueden proceder a realizar las sanciones”, explicó Solís ante consulta de DIARIO EXTRA.
A finales de agosto pasado los magistrados alertaron que les preocupaba que el apartado de sanciones exponía que cuando se necesitase interponer un castigo contra las autoridades, el encargado de ese proceso será el órgano que lo nombró.
Les preocupaba que fuera la Asamblea Legislativa el órgano que se encargara de sancionar a los altos jueces, situación que representaría una injerencia en el régimen sancionatorio establecido por la Constitución Política y reglamentado por la Ley Orgánica del Poder Judicial para los miembros de la Corte Plena.
También les inquietaba el tema de la operatividad, no solo de la cámara sino también de las salas en el eventual escenario de que suspendan a alguno de los magistrados.
Trajeron a colación la lentitud de la Asamblea Legislativa para nombrar tanto a magistrados propietarios como suplentes, de ahí que si a eso se suman sanciones complicaría la labor de los órganos.
Con el cambio el proyecto de ley ya no necesitará mayoría calificada (38 votos) para el primer ni para el segundo debate en el plenario.
El informe de la Corte estuvo nuevamente a cargo de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala II, y lo acogieron todos los magistrados, a excepción de los de la Sala IV.