Una iniciativa de ley pretende bajar el gasto de la deuda política para las próximas elecciones nacionales de 2026 y las municipales de 2028.
La propuesta, impulsada por Jonathan Acuña, diputado frenteamplista, busca reformar el artículo 96 de la Constitución Política con el objetivo de que la contribución estatal para los comicios presidenciales sea de 0,085% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del 2024.
Dentro de ese monto, también están incluidos los gastos destinados a actividades permanentes de capacitación y organización política.
Cabe señalar que, para el último proceso electoral, el aporte estatal fue de 0,19% del PIB.
En números, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) determinó que el monto de la contribución estatal para los comicios electorales de 2022 fue de ¢19.790.922.360, de ese monto, ¢2.968.638.354 (15%) se otorgaron bajo financiamiento anticipado.
Según Acuña, en los procesos electorales de 2022 y 2024 se demostró que un 0,085% del PIB es una cuantía suficiente para financiar los procesos electorales.
Tendrían acceso al financiamiento público directo los partidos políticos que participen en los procesos electorales nacionales y alcancen, al menos, un 4% de la totalidad de los votos válidamente emitidos.
Del mismo modo, alcanzarían parte del financiamiento los partidos inscritos a escala provincial que obtengan, como mínimo, ese porcentaje en la provincia respectiva o elijan, por lo menos, un diputado
En los procesos municipales tendrán derecho a este financiamiento las agrupaciones políticas que alcancen el indicado porcentaje de los sufragios válidamente emitidos en el cantón correspondiente o elijan, al menos, un regidor.
Para las recientes elecciones municipales, el monto máximo de la contribución estatal ascenderá a los ¢10.795.048.560.