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El proyecto de ley que busca crear una mayor simplificación a los trámites que deben realizar los costarricenses no debería generar gastos nuevos ni adicionales, según un criterio de la Contraloría General de la República (CGR).
El texto se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa y es una reforma a la actual Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
OFICIALES
Uno de los aspectos en que se centra la apreciación del órgano contralor es que la iniciativa plantea el nombramiento de “oficiales de simplificación de trámites”, quienes velarían por la reducción en la burocracia.
“Consideramos importante dejar en claro que esta designación no podrá traducirse en la creación de nuevas plazas y que la misma será atendida con los recursos disponibles en cada entidad, a fin de evitar que el proyecto pueda provocar un crecimiento presupuestario”, menciona el documento dirigido a la Comisión.
El análisis va más allá, la CGR indica a los diputados que si la iniciativa crearía plazas de carácter administrativo entonces debe dejarse claro de dónde se obtendrán los recursos.
CATÁLOGO
Este aspecto del documento busca crear un manual único con todos los trámites que necesitan hacer los ciudadanos ante las entidades.
“La iniciativa refiere a la realización de varias publicaciones en distintos medios, como son La Gaceta, la página web de la entidad respectiva y, adicionalmente, el catálogo nacional de trámites, todo lo cual implica la disposición de recursos públicos en un momento, en el cual las finanzas del Estado han venido experimentando un severo deterioro”, señala el ente contralor.
El proyecto no es claro a cuál institución dependerían los oficiales y encargados de realizar los catálogos.
La Contraloría considera que ambos elementos podrían crear aún más gastos, ya que, para su implementación y desarrollo de una plataforma tecnológica, “implicaría costos que deberán ser atendidos con recursos públicos”.
Un aspecto que también destaca es que la iniciativa plantea que se establezcan multas en caso de no tener actualizado el catálogo de trámites.