Piden reforma para agilizar derribo de búnkeres
Policía municipal de San José señala lentitud en procesos
La dificultad para que las autoridades realicen las intervenciones en búnkeres (lugares destinados a consumo de drogas) es una de las principales quejas de la Policía Municipal de San José.
Así lo indicó Marcelo Solano, director del cuerpo policial josefino, que lamentó que en muchas ocasiones tienen que esperar hasta años para poder destruir estos puntos de narcomenudeo.
“Los procesos son lentos, tenemos procesos de más de dos años que todavía se están resolviendo, casos complejos donde hay terceros involucrados, que reclaman herencias o hay procesos bancarios donde se espera un remate”, afirmó.
Solano explicó que mientras esperan por todo este proceso, las edificaciones le generan a los grupos criminales entre ¢1 millón y ¢5millones por la venta de drogas.
“Creemos que deberíamos facilitar ese proceso de derribo de edificaciones, como están haciendo otras municipalidades del país. Facilitar el derribo implicaría que con un edicto de no más de 15 días, notificar al propietario del deterioro, una segunda notificación de advertencia y luego derribar la edificación”, agregó.
Asimismo, indicó que el derribo de la infraestructura no implica que la propiedad le sea retirada al propietario.
“La autoridad restablece el orden tumbar una edificación que está convertida en un búnker y de manera pública y notoria. Queremos una normativa que facilite los trámites y disminuya los tiempos”, sentenció.
El más reciente caso ocurrió en una intervención en una propiedad de 4.000 m2 en el precario “El Pochote”, en barrio Cuba, donde centenares de personas se habían instalado de manera ilegal.
Solano explicó que, en este caso, el propietario no había podido hacer uso de la propiedad desde 1988, debido a múltiples amenazas de un grupo criminal.
Un total de 15 búnkeres fueron intervenidos en la capital durante el 2025 tras más de 150 operativos del cuerpo policial.
Marcelo Solano
Director de la Policía Municipal de San José
“Es una reforma a la ley de construcciones y una reforma a la Ley General de Salud para disminuir los tiempos, facilitar los procesos de notificación y así permitir que en muy poco tiempo la policía efectúe el derribo”.