Buenos Aires. (EFE) – Una agrupación feminista de Argentina anunció el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir que la Cámara de Diputados que convoque a una consulta popular vinculante sobre la ley del aborto, que frenó el Senado hace dos semanas.
\”Queremos el derecho a decidir sobre nuestro derecho a decidir. No aceptamos que 38 dinosaurios del Senado, en base a prejuicios del siglo XIX, clausuren la marea verde que venimos protagonizando\”, señaló Cele Fierro, integrante de la organización Juntas y a la Izquierda, del partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), al presentar la iniciativa.
De esta forma, la activista hizo referencia a lo ocurrido la madrugada del pasado 9 de agosto, cuando 38 senadores votaron en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que había aprobado en junio la Cámara de Diputados del país.
En un acto de recogida de firmas en la localidad bonaerense de Pilar, destacó que el Parlamento va a mantener la misma composición hasta 2020, ya que a finales de 2019 se celebran elecciones legislativas en las que se renovará poco más de la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.
Por ese motivo, en este momento, el \”mecanismo democrático\” de la consulta popular es \”la única vía concreta para lograr el aborto legal\”, afirmó Fierro al anunciar que la agrupación lanzó un \”petitorio nacional\” a través de Change.org para que los diputados utilicen esta herramienta que sirvió para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en Irlanda el pasado mayo.
Según datos recientes del Ministerio de Salud, en Argentina se practican anualmente 354.627 abortos, una práctica que, para Amnistía Internacional, es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias.
El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que sí recibió el visto bueno de la Cámara Baja, establece que toda persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas.
La iniciativa busca acabar con lo establecido por un Código Penal vigente en el país suramericano desde 1921 y que considera el aborto un delito, aunque contempla que \”no es punible\” en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer o si el embarazo es producto de una violación.