Sucesos
Evitar que los condenados a pena máxima, es decir, 50 años de cárcel, se beneficien con una liberación anticipada es la solicitud que hizo el abogado Brayam Muñoz a los diputados.
Muñoz representó a la familia de Keibril, bebé desaparecida en 2023, cuyo caso finalizó con la pena de 79 años de prisión para Hugo Casasola, padre de la pequeña de nueve meses: 54 años por violación calificada en contra de la mamá de Keibril y
25 años por la sustracción de la niña.
Señala que hay una serie de beneficios carcelarios para quienes reciben esta sentencia que les permiten dejar las celdas mucho antes de tiempo, por lo cual pide que cuando se trate de violación y sustracción de menor de edad estos no se apliquen.
Así que envió la petición al Congreso con el objetivo de que se revisen aspectos del Código Penal, Código Procesal Penal y Ley de Ejecución de Sentencias.
“Es importante señalar que el sistema penitenciario de nuestro país permite que los reclusos accedan a diversos beneficios carcelarios que podrían reducir aún más la pena de quien ha cometido delitos tan aberrantes”, dijo Muñoz.
Asimismo, plantea que cuando los sentenciados no cumplen con la pena máxima constituye una afectación a la justicia de las víctimas y sus familias. La iniciativa tendría implicaciones que dificultarían cualquier tipo de modificación, de acuerdo con abogados penalistas y constitucionalistas.
Para Alfredo Chirino, experto penalista, la eliminación total de beneficios penitenciarios podría ser vista como una limitación excesiva, ya que niega cualquier posibilidad de reintegración social. “Esta reforma debe ser precisa en cuanto a su alcance para evitar interpretaciones que violen derechos fundamentales, pero inevitablemente chocará con el principio de humanidad de la pena y de resocialización recogidos en la jurisprudencia de derechos humanos vigente”, afirmó.
Por su parte, el abogado Ewald Acuña manifestó que el requerimiento de Muñoz viola el principio de constitucionalidad.
