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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió una solicitud para ejecutar dos sanciones impuestas a Johnny Araya, alcalde de San José, que suman 2 meses sin goce de salario.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la suspensión al alcalde del gobierno local por 30 días naturales por supuestas irregularidades en el contrato de parquímetros. A su vez, el órgano contralor también lo sancionó por la inscripciówn de un vehículo municipal para uso discrecional.
“He realizado una consulta al TSE para que me indiquen si ya el trámite de sanción se está ejecutando en vista de que son quienes pueden ejercer la suspensión del cargo tal y como el mismo Tribunal le comunicó en meses pasados a la Contraloría.
En esa comunicación el TSE informaba que una vez reincorporado Johnny Araya en el cargo, debían ser notificados por la propia administración para que se ejecutarán las sanciones administrativas pendientes, una por el caso del pago de una indemnización de 253 millones a a empresa de parquímetros Setex Aparki y otra por el uso discrecional del vehículo asignado a la alcaldía”, dijo Diego Miranda, regidor de Juntos por San José. Johnny Araya, alcalde de San José, declaró a DIARIO EXTRA que la Dirección de Talento Humano ya comunicó al TSE su reincorporación al gobierno local.
“Es una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones el momento en que van a ejecutar la sanción. De manera que los regidores que están preocupados, les digo que no se preocupen, que ya la Municipalidad hizo lo que le correspondía hacer, notificar en el momento en que yo me reincorporé”, indicó.
CASOS EN CUESTIÓN
La Contraloría General de la República (CGR) pidió sancionar a Johnny Araya por encontrarlo “responsable administrativamente en grado de culpa grave” tras el pago por ¢253 millones a Setex-Aparki, empresa española dedicada a parquímetros.
A la Municipalidad de San José se le cuestionó por presuntamente efectuar este pago millonario sin contar con estudios técnicos, por lo que se consideró el hecho como una afectación al erario público.
Los parquímetros se concesionaron en 2012 y desde ese momento, según los denunciantes, arrancaron los incumplimientos, tanto del gobierno local como de la compañía encargada del proyecto.
La segunda sanción obedece al uso de un vehículo municipal valorado en ¢58 millones para fines discrecionales por dos años, entre finales de 2016 e inicios de 2019.
El alcalde josefino estuvo suspendido desde el 15 de noviembre de 2021 y hasta el 23 de mayo anterior, tras una resolución judicial como medida cautelar al caso Diamante.