En una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), activistas costarricenses y organizaciones internacionales expusieron una reducción del sector social y educativo, por lo que solicitaron una intervención de los observadores para reinstaurar las guías sexuales en escuelas y colegios.
Natasha Jiménez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), explicó que la eliminación de estos procedimientos constituía un riesgo para el país, además de señalar un debilitamiento presupuestario de forma sostenida en el sector educativo.
“La eliminación de estos programas afecta el derecho de la población joven a la educación integral en salud sexual y reproductiva, pues tenía como objetivo reducir el riesgo de que las personas menores de edad se convirtieran en víctimas de abuso, relaciones impropias y violencia de género, así como de influenciar en la disminución del embarazo adolescente, que entre 2012 y 2023 se redujeron los embarazos adolescentes de un 19,4% a un 9%”, expuso en la sesión.
Sumado a esta solicitud, las agrupaciones pidieron un monitoreo permanente de la CIDH en el país y emitir una recomendación al Poder Ejecutivo de siempre incluir un enfoque de derechos humanos en los presupuestos nacionales.
Además hicieron un llamado ante el ingreso de personas migrantes deportadas de Estados Unidos, quienes según la Defensoría de los Habitantes estarían sufriendo malas prácticas.
“El Estado les solicita requisitos inalcanzables como documentos apostillados de países con regímenes dictatoriales como Nicaragua.
Los costos del proceso de refugio son altos y la resolución de las solicitudes tarda de cuatro a cinco años.
Además son víctimas de xenofobia y discriminación estructural, en especial los trabajadores migrantes y carabineros nicaragüenses, quienes enfrentan precarización laboral y condiciones salariales abusivas”, especificó Daniela Bolaños, del Cejil.
En la audiencia participaron representantes del Gobierno, entre ellos Alejandro Solano, viceministro de Relaciones Exteriores, quien defendió las decisiones de esta administración.
“En respuesta a la creciente preocupación por la violencia y la discriminación se han tipificado crímenes de odio, imponiendo penas de cárcel de hasta 35 años para aquellos que cometan homicidios, lesiones y agresiones motivadas por etnia, edad, religión, nacionalidad, opinión política, discapacidad, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, pues esta medida busca enviar un mensaje claro de que en Costa Rica no hay cabida para la violencia”, refirió Solano.
