El Ministerio de Trabajo debería ajustar los requisitos para que las empresas puedan suspender los contratos de trabajo. Así lo solicitó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), quien considera que el trámite se ha vuelto burocrático y lento.
Álvaro Sáenz, presidente de esa organización, que agrupa a 50 cámaras empresariales, considera que es ilógico pedir a las empresas estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en medio de la crisis.
Lo anterior en relación específicamente con la cuota de marzo 2020. El vocero de Uccaep aseguró que el Ministerio de Trabajo debería entender la posición en que se encuentra la empresa privada para no hacer más despidos.
No comprende cómo solicitan estar al día con la cuota de marzo, cuando la emergencia sanitaria comenzó en febrero y las empresas en este momento no tienen cómo pagar.
“Estamos de acuerdo con que las empresas que antes de febrero 2020 estaban morosas con la Caja no puedan suspender los contratos de trabajo, pero no las que cayeron en morosidad en marzo”, manifestó Sáenz.
Se refiere a las cuotas que debían pagarse al 15 de marzo y que muchas compañías se han visto imposibilitadas de cancelar a causa de la baja en su actividad económica.
QUE HAGAN UNA EXCEPCIÓN
“Es imposible pagar la Caja de marzo y están poniendo ese requisito como una condición. Es una contradicción con las medidas que adoptó el propio Seguro Social a partir del 1 de febrero. Lo que el Ministerio de Trabajo está pidiendo va en contra de la realidad económica que enfrenta este país.
Las empresas están tratando de sostener el empleo, no tienen cómo pagar salarios, menos prestaciones. ¿De dónde quieren que saquen para pagar las cuotas de marzo?”, cuestionó Sáenz.
Agregó que si el gobierno mantiene su posición va a retrasar la entrega de ayudas por ¢200.000 que prometió para los trabajadores con suspensión de contratos.
A criterio de Sáenz, la administración Alvarado Quesada podría hacer una excepción a la aplicación de la ley, como ha hecho hasta ahora con otros tantos temas argumentando la urgencia en la atención de la emergencia sanitaria.
Al respecto la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, aseguró que no es correcto decir que soliciten más trámites.
Uno de los requisitos es que la Inspección revise si las empresas están al día con la CCSS.
“Nosotros como ministerio no tenemos competencia para negar lo que la ley de la CCSS dice en el articulo 74 o la Ley de Protección al Trabajador, no podemos obviar lo que dicen esas normativas”, expresó.
Indicó que ella hizo la gestión con la CCSS para identificar cómo las compañías pueden ponerse al día para hacer el trámite de suspensión de contrato.
“Lo que pueden hacer las empresas es firmar un convenio de acuerdo de pago, se puede firmar el mismo día que efectúen el trámite. Lo que se hace es pactar los mecanismos de pago, que incluso pueden extenderse por tres años”, explicó.