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Los días del magistrado Celso Gamboa en la Corte podrían llegar a su fin pronto.
Esto luego de que la Fiscalía General de la República confirmó que el pasado jueves a las 4 p.m. presentó una acusación penal contra el magistrado suspendido y al mismo tiempo solicitó a la Corte Plena que se levante su inmunidad.
“La Fiscalía General confirmó que presentó la acusación del caso 17-000039-0033-PE, seguido contra el señor Gamboa Sánchez, por el delito de tráfico de influencias, por los hechos relacionados con el alcalde de San José, Araya Monge. La pieza acusatoria fue presentada ante la Corte Plena, con solicitud de levantamiento de la inmunidad”, indicó el Ministerio Público.
La acusación se fundamenta en una denuncia que realizó la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, donde supuestamente Gamboa eliminó al alcalde de San José de un expediente judicial junto a otras tres personas cuando fungió como subjefe de la Fiscalía.
La denuncia también involucra la participación del exletrado de Gamboa, Justo Pastor López, quien fue separado de la Corte la semana anterior.
Por esta causa, Araya tuvo que rendir una declaración en diciembre anterior, donde alegó que no cometió ningún delito.
Gamboa había presentado una recusación contra la fiscala general Emilia Navas precisamente para evitar que lo investigaran, pero esta semana la Sala III refutó la acusación.
PROCESO
Dado que Gamboa es un jerarca de los supremos poderes, la acusación penal se hace a la Sala III.
Según explicó el abogado constitucionalista Ewald Acuña, esta Sala Penal deberá conocer el caso y emitir una resolución a la Corte Plena.
La Corte Plena deberá votar si avala levantar la inmunidad a Gamboa, pero debido a que son los diputados quienes nombran a los magistrados, esta deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa.
En noviembre anterior los 9 jefes de fracción confirmaron a DIARIO EXTRA que apoyarían una eventual solicitud de la Corte para levantar la inmunidad a Gamboa.
Por esta misma causa, Gamboa tiene un proceso disciplinario abierto desde noviembre del año pasado y, precisamente el pasado 15 de enero, los magistrados acordaron ampliar su suspensión tres meses.
También tiene otras cinco causas más disciplinarias activas.
La primera investigación se presentó tras conocerse el viaje a Panamá que hizo en compañía del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños en octubre del 2016. Esta causa está abierta desde el 18 de setiembre y está a cargo del magistrado Orlando Aguirre, de la Sala II.
Otra investigación se abrió luego de que la jueza Liz Maureen Tencio denunció a la Inspección Judicial que Gamboa desestimó una causa por supuesto prevaricato contra el magistrado Porfirio Sánchez, de la Sala II, aduciendo una relación de amistad entre ambos.
La magistrada Julia Varela, de la Sala II, es la instructora en esta causa que se investiga desde el 20 de octubre.
Otra tiene que ver por un viaje a México en marzo anterior, donde en un video difundido en redes sociales se le ve en aparente estado etílico. Esta causa está abierta desde el 13 de noviembre y la lidera Fernando Cantillo, magistrado de la Sala IV.
Hay asimismo una denuncia de la magistrada Doris Arias por supuestamente intervenir para apoderarse de un expediente penal del Movimiento Libertario. Abierta desde el 6 de diciembre y la lidera el magistrado suplente de la Sala Primera, José Rodolfo León.
Y por último una acusación que incluye a todos los miembros de la Sala III por la desestimación de la acusación penal contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata.
Se quiso conocer la versión de Gamboa, pero como ha sido la tónica desde meses atrás no responde las llamadas ni los mensajes.
SANCIÓN
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito indica en su Artículo 52:
“Tráfico de influencias: Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”. Si el infractor es un miembro de los supremos poderes, como en este caso, la pena podría elevarse a un máximo de 6 años y medio.
Patricia Mora
FA
“Llamo respetuosa pero contundentemente a la Corte Suprema de Justicia a apresurar la resolución de los procesos abiertos contra Celso Gamboa. Me preocupa que los múltiples procesos destinados a definir la solicitud o no de que sea removido de la magistratura, siguen sin rendir resultados tras varias semanas. No quiero pensar que se trate de un retraso premeditado, con el objetivo de dejar a la próxima Asamblea Legislativa la decisión final, con la esperanza de que esa nueva Asamblea posea una conformación más afín a los intereses del magistrado Gamboa. Quiero creer que la complejidad provoca el retraso. Pero les pido que los procesos comiencen a tener pronta resolución. La legitimidad dañada de la institucionalidad lo reclama”.