Piden investigar controles y acceso de buses en actos del 14 de setiembre
Gestión también pone bajo la lupa participación de Freddy González
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una denuncia por posible parcialidad o beligerancia política presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pide investigar el operativo de seguridad y los controles de acceso aplicados durante los actos patrios del pasado 14 de setiembre en Cartago.
La gestión fue presentada por cuatro ciudadanos quienes solicitaron una investigación preliminar para determinar la actuación de funcionarios públicos y establecer si existió algún favorecimiento partidario.
Uno de los principales señalamientos de la denuncia apunta a un supuesto trato diferenciado para ingresar a la Plaza Mayor.
Según el documento, mientras parte del público debía hacer fila, identificarse y mostrar sus pertenencias, presuntamente se permitió el ingreso de autobuses y vehículos con personas vinculadas a una movilización del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sin controles equivalentes.
Los denunciantes piden determinar quién autorizó ese eventual trato diferenciado, bajo qué justificación y si los ocupantes de esos vehículos habían sido sometidos previamente a controles en otro punto.
Freddy González bajo la lupa
La denuncia también pide investigar la participación de Freddy González Rojas, a quien es el secretario general del PPSO.
El documento señala que González habría coordinado durante la actividad la entrega de alimentos, bebidas, capas y banderas de Costa Rica. Los denunciantes señalan que debe determinarse quién financió esos bienes, quién autorizó los puestos y si existieron recursos públicos involucrados.
Además, solicitan al PPSO y a las personas organizadoras aportar documentación relacionada con el transporte de asistentes, la distribución de bienes, eventuales contrataciones y las coordinaciones realizadas con autoridades públicas durante la actividad.
Piden documentación
Como parte de la investigación, solicitan al Ministerio de Seguridad Pública entregar el plan y las órdenes del operativo, la valoración de riesgo, los perímetros establecidos, los criterios para solicitar identificación, las reglas de aforo y acreditación, así como identificar la cadena de mando y quién impartió cada instrucción.
Los denunciantes no dan por acreditada una infracción, sino que piden al Tribunal recabar la prueba, individualizar las actuaciones de los funcionarios involucrados y determinar si existe mérito para abrir un procedimiento sancionatorio.