Recursos quedarían entre familiares de síndicos y regidores, denuncian diputados.
Doce legisladores de tres bancadas legislativas pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue el presunto desvío de fondos y supuestas compras irregulares en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ).
La solicitud la hicieron los diputados Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Ariel Robles, Priscilla Vindas (Frente Amplio), Kattia Cambronero (Liberal Progresista) y los oficialistas Manuel Morales, Ada Acuña, Alexander Barrantes, Daniel Vargas, Paola Nájera, Waldo Agüero y Pilar Cisneros.
El documento, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, expone posibles faltas y procedimientos ilegales en procesos de contratación administrativa para favorecer a terceros.
Los congresistas aseguran que durante mucho tiempo el Comité se resistió a entrar al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con el fin de que las compras y contrataciones “no fueran transparentes”.
Del mismo modo, denuncian presuntas contrataciones direccionadas y “arregladas”, las subcontrataciones no estaban avaladas.
También se refieren a la “relación evidente entre las empresas, miembros de junta directiva o sus familias”, junto a posible falsedad al momento de construir una aparente experiencia constructiva con el fin de ganar un concurso público.
“(…) Las mismas personas nombradas en diferentes organizaciones constituidas recibieron montos millonarios por parte del CCDRSJ del erario público y que comparten no solo cargos en asociaciones, sino también lazos familiares entre ellos.
Es decir, podríamos estar hablando incluso de un caso de crimen organizado, con el fin de favorecerse ilícitamente del erario público, con la posible complicidad o incluso autoría intelectual de las autoridades del CCDRSJ”, se lee en la denuncia.
QUEDARÍA EN FAMILIA
Por otra parte, se expone desvío de fondos a conveniencia y patrocinios deportivos irregulares.
Algunos funcionarios despedidos del Comité crearon empresas que brindaron servicios tres meses después de su salida de la institución y a ellos se les asignaron en total ¢228 millones.
De ese monto, se destinaron ¢187 millones para “Publicidad y propaganda”, en los cuales se incluyen ¢10 millones a asociaciones deportivas en las que participan dos hermanos de un miembro de la junta directiva del Comité, quien entre 2019 y 2021 recibió más de ¢45 millones del Comité entre patrocinios y contrataciones para realizar un campeonato de fútbol.
En este mismo rubro se encuentran ¢25 millones para una asociación en Pavas que tiene miembros relacionados con un exregidor, así como un imputado en la causa que lleva el Ministerio Público sobre el tema de las juntas de educación de San José.
También se encuentra como beneficiaria una asociación deportiva en el distrito Catedral, en la que participan actualmente una concejal y el hermano de un exsíndico.
En la misma línea se encuentran ¢35 millones para una empresa turística que tiene colocados familiares en al menos 9 asociaciones deportivas inscritas ante la Municipalidad de San José.
El presupuesto de este año también incluye los montos por adjudicación de contratos a una empresa particular por más de ¢391 millones. Esta es una de un grupo de tres compañías a las que el Comité ha contratado en los últimos años para realizar diversos trabajos por más de ¢1.000 millones y que, según los diputados, no justifican esos egresos.
CONVENIOS IRREGULARES
Finalmente, los legisladores denuncian convenios presuntamente irregulares en administración de infraestructura deportiva, los cuales fueron otorgados a organizaciones privadas, omitiendo procedimientos legales.
La Contraloría General de la República ha señalado mediante oficio No.07977 que “la administración del estadio no se puede trasladar a ningún sujeto privado, si no existe una norma legal especial que lo autorice o bien por medio de concurso público”.
No obstante, los diputados señalan que “sin norma legal habilitante y sin seguir el procedimiento de contratación administrativa o pública” se adjudicaron, vía simple convenio, el Polideportivo de Aranjuez, las instalaciones deportivas de Cristo Rey y la cancha de Hatillo 8. Caso similar al del estadio de Zapote, las instalaciones de Hatillo 3, Hatillo 4, el polideportivo de San Francisco de Dos Ríos, el estadio Ernesto Rohrmoser y el espacio de tiro con arco de Pavas.
“Estos convenios de administración aún se encuentran vigentes y sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que se hayan rendido cuentas sobre los recursos ingresados al Comité de Deportes ni a la Municipalidad de San José, por parte de las asociaciones privadas, estado y mantenimiento de las instalaciones, ingresos y egresos por parte de los administradores en todos estos últimos años.
Además, en el caso de las instalaciones siguientes, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José cedió su administración sin ser siquiera el titular o propietario de las instalaciones deportivas, ya que pertenecen al Icoder o alguna otra institución estatal”, comentan los legisladores.